Pena de Muerte

En Chile, la pena de muerte fue abolida para delitos civiles en el año 2001 mediante la Ley 19.734. Sin embargo, aún subsiste en el Código de Justicia Militar para ciertos delitos en tiempo de guerra.

Por lo tanto, un sicario en Chile no puede ser condenado a la pena de muerte.

El delito de sicariato, aunque no estaba tipificado de forma independiente en el Código Penal chileno por mucho tiempo, ha sido abordado a través de la figura del homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria. En este caso, la pena aplicable es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, lo que significa entre 15 años y un día a presidio perpetuo.

Recientemente, ha habido proyectos de ley para tipificar específicamente el delito de sicariato, buscando sanciones más severas, especialmente cuando se comete en el contexto de organizaciones criminales. En algunos proyectos se han propuesto penas de prisión de 25 a 30 años, e incluso cadena perpetua en circunstancias agravantes (como el uso de menores de edad o la participación de dos o más personas).

La última ejecución en Chile se llevó a cabo el 29 de enero de 1985, cuando fueron fusilados Jorge Sagredo y Carlos Topp Collins, conocidos como «los psicópatas de Viña del Mar».

¿Quién es el responsable de la abolición de la pena de muerte en chile?

La abolición de la pena de muerte para delitos civiles en Chile, que se concretó con la Ley 19.734 en el año 2001, fue el resultado de un proceso legislativo impulsado por varios actores y factores.

El Gobierno de Ricardo Lagos Escobar: La ley 19.734 fue promulgada durante su presidencia (2000-2006). Su gobierno le puso urgencia al proyecto.
Moción Parlamentaria: La iniciativa legislativa se originó con una moción parlamentaria presentada por el Senador Juan Hamilton Depassier el 14 de julio de 1999.
Compromisos Internacionales y Tendencia Global: La decisión estuvo fuertemente influenciada por los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos (como la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y la tendencia global hacia la erradicación de la pena capital.
Debate y Consenso Político: El proyecto pasó casi dos años en el Congreso, donde se generó un debate y un consenso político que permitió su aprobación.

Cabe destacar que presidentes anteriores, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya habían mostrado una inclinación por no aplicar la pena de muerte, conmutando sentencias por presidio perpetuo, incluso cuando la pena capital aún existía en la ley. Esto reflejaba una postura de Estado que anticipaba la abolición.

La abolición de la pena de muerte en Chile fue un logro colectivo que involucró el impulso de parlamentarios, el respaldo del gobierno de turno y la influencia de los estándares internacionales de derechos humanos.

Crimen Organizado Riesgo en Chile

El crimen organizado representa un riesgo multidimensional y creciente para la soberanía nacional de Chile, afectando no solo la seguridad pública, sino también la institucionalidad, la economía y la cohesión social. Lo que antes se consideraba un problema ajeno, ahora es una amenaza que exige una respuesta prioritaria y de Estado.

Los principales riesgos a la soberanía nacional que el crimen organizado plantea para Chile son:

Erosión de la institucionalidad y gobernabilidad:
- Infiltración del Estado: Las organizaciones criminales buscan corromper e infiltrar instituciones clave (policía, justicia, aduanas, penitenciarías) para asegurar impunidad, facilitar sus operaciones y desviar recursos. Casos de corrupción o liberación de presuntos criminales investigados por las autoridades chilenas son señales de esta amenaza.
- Debilitamiento del Estado de Derecho: Al operar con impunidad y recurrir a la violencia extrema, el crimen organizado socava la autoridad del Estado y la capacidad de las leyes para ser aplicadas, generando una sensación de debilidad institucional.
- Pérdida de control territorial: En algunas zonas, especialmente fronterizas o sectores urbanos vulnerables, estas organizaciones pueden ejercer un control de facto, imponiendo sus propias reglas, extorsionando a la población y desplazando la presencia estatal.
Impacto en la seguridad nacional y defensa:
- Aumento de la violencia y el poder de fuego: La presencia de estas bandas trae consigo un incremento en los homicidios, secuestros, extorsiones y el uso de armas de fuego de alto calibre, superando en ocasiones la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales. Esto genera una sensación de inseguridad generalizada y pone en jaque la capacidad del Estado para garantizar la paz interna.
- Tráfico de armas y drogas: Chile se ha convertido en una ruta y, en menor medida, un centro de distribución para el narcotráfico y el tráfico de armas, lo que retroalimenta la capacidad de estas organizaciones para operar y expandirse.
- Amenaza a la infraestructura crítica: Posibles ciberataques a infraestructuras vitales del país por parte de estos grupos (o en alianza con ellos) son un riesgo creciente.
- Desafío en zonas fronterizas: El crimen organizado transnacional, incluyendo el tráfico de migrantes y el contrabando, presiona las fronteras, dificultando su control y exigiendo un despliegue mayor de recursos.
Deterioro económico y social:
- Distorsión de mercados y economía informal: Las actividades ilícitas (narcotráfico, contrabando, minería ilegal, robo de recursos naturales como madera o salmón) distorsionan los mercados legítimos, fomentan la informalidad y debilitan la recaudación fiscal.
- Lavado de activos: La necesidad de blanquear sus ganancias ilícitas introduce dinero sucio en la economía formal, lo que puede afectar la estabilidad financiera y la reputación internacional del país.
- Impacto en la inversión y el desarrollo: La percepción de un aumento del crimen organizado y la inseguridad puede disuadir la inversión extranjera y nacional, afectando el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.
- Erosión de la cohesión social: La violencia, la extorsión y la intimidación generan miedo y desconfianza en la sociedad, debilitando el tejido social y la convivencia pacífica.

Estrategias y desafíos de Chile:

Chile ha reconocido la gravedad de esta amenaza y ha implementado diversas medidas:

Política Nacional contra el Crimen Organizado: Busca coordinar a 17 instituciones públicas para una respuesta integral.
Fortalecimiento legislativo: Se han promulgado leyes para mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado (Ley 21.575), regular el destino de bienes incautados, agravar delitos como el secuestro y el sicariato (Ley 21.571), y establecer técnicas especiales de investigación. La creación de la Fiscalía Supraterritorial (Ley 21.644) es un paso clave para especializar la persecución de estos delitos complejos.
Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Fortalecimiento de instituciones: Se busca modernizar y equipar a las policías y el sistema judicial, así como mejorar las capacidades penitenciarias (módulos de máxima seguridad, bloqueo telefónico en cárceles).
Cooperación internacional: Dada la naturaleza transnacional del crimen organizado, la colaboración con otros países es fundamental.

A pesar de estos esfuerzos, Chile enfrenta el desafío de la rapidez con la que estas organizaciones se adaptan y la necesidad de una arquitectura institucional robusta, una ley de inteligencia moderna y una voluntad política firme y coordinada a largo plazo para hacer frente a esta amenaza creciente a su soberanía y seguridad.

Abolir la pena de muerte es alentar el crimen organizado es un argumento común entre los defensores de la pena capital. Sin embargo, esta afirmación no está respaldada por la gran mayoría de la evidencia empírica ni por el consenso de expertos.

He aquí por qué:

Falta de efecto disuasorio:
- Ausencia de evidencia consistente: Numerosos estudios y análisis, incluidos los de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y diversas instituciones académicas, no han encontrado sistemáticamente evidencia creíble de que la pena de muerte disuada la delincuencia con mayor eficacia que la cadena perpetua. De hecho, algunos estudios incluso sugieren lo contrario o ningún efecto significativo.
- Psicología criminal: Los delincuentes, especialmente aquellos involucrados en el crimen organizado, a menudo actúan bajo la premisa de que no serán atrapados. Para quienes sí consideran las consecuencias, la certeza y la rapidez del castigo (por ejemplo, la cadena perpetua) generalmente se consideran más disuasorias que la severidad de una sentencia de muerte tardía y a menudo incierta. Los delitos se cometen con frecuencia en el calor del momento o bajo la influencia de drogas, donde es improbable un cálculo racional del castigo futuro.
- Concéntrese en la huida, no en el castigo: cuando se planea un delito, los delincuentes normalmente se centran en evitar la detección, el arresto y la condena, no en la pena máxima si son atrapados.
El modus operandi del crimen organizado:
- Motivación lucrativa: El crimen organizado se rige principalmente por el lucro. Sus operaciones (narcotráfico, trata de personas, extorsión, etc.) constituyen redes complejas diseñadas para generar ingresos ilícitos. Es poco probable que el miedo a la ejecución supere las inmensas ganancias financieras y el poder que buscan.
- Disciplina interna: Los grupos del crimen organizado suelen contar con sus propios y brutales sistemas de «justicia» interna para quienes los traicionan o incumplen sus obligaciones. Estas sanciones internas suelen ser más inmediatas y brutales que cualquier castigo impuesto por el Estado, y su función es mantener la disciplina dentro de la organización, no disuadir amenazas externas como el castigo estatal.
- Corrupción e impunidad: Una estrategia fundamental del crimen organizado es corromper a funcionarios estatales e infiltrarse en instituciones para asegurar su impunidad. Se centran en evadir la justicia por completo, en lugar de disuadirse con un tipo específico de castigo si son capturados.
Los verdaderos impulsores del crimen organizado:
- Instituciones débiles: El crecimiento del crimen organizado está más estrechamente vinculado a factores como el débil estado de derecho, la corrupción, las fronteras porosas, la desigualdad económica, la marginación social y los sistemas policiales y judiciales ineficaces.
- Disponibilidad de recursos: El acceso a fondos ilícitos, armas y poblaciones vulnerables son factores clave para estos grupos.
- Falta de investigación y procesamiento efectivos: la capacidad de investigar, procesar y desmantelar eficazmente redes criminales complejas, confiscar sus activos y encarcelar a sus líderes durante largos períodos es mucho más crucial que la existencia de la pena de muerte.

Conclusión:

Si bien el sentimiento subyacente al argumento puede ser comprensible (el deseo de un castigo lo más severo posible para crímenes atroces), la evidencia sugiere que la abolición de la pena de muerte no conlleva, en sí misma, un aumento de la delincuencia organizada. Las estrategias eficaces contra la delincuencia organizada se centran en:

Fortalecimiento de las instituciones y del estado de derecho.
Lucha contra la corrupción.
Mejorar las capacidades de recopilación de inteligencia e investigación.
Fortalecer la cooperación internacional.
Garantizar la certeza y rapidez del castigo.
Interrumpir los flujos financieros y confiscar activos ilícitos.

Muchos países que han abolido la pena de muerte siguen luchando contra el crimen organizado, pero su éxito en la lucha contra él se atribuye generalmente a estrategias integrales que van mucho más allá del tipo de castigo máximo disponible.

El debate sobre la pena de muerte en el crimen organizado

A pesar de la abolición en Chile, el debate sobre si la pena de muerte debería aplicarse en casos extremos de crimen organizado es recurrente en muchos países. Los argumentos a favor de su aplicación suelen centrarse en la idea de que crímenes particularmente atroces o aquellos que socavan la estabilidad de un Estado, merecen la máxima retribución.

Casos extremos que se citan en este contexto incluyen:

Líderes de organizaciones criminales transnacionales: Aquellos que dirigen redes dedicadas al narcotráfico, tráfico de personas o armas a gran escala, y que son responsables directos de innumerables muertes, violencia y corrupción en múltiples países. Se argumenta que su eliminación definitiva evitaría que sigan dirigiendo operaciones desde prisión o influyendo en la criminalidad.
Crímenes que causan un daño social masivo: Casos donde el crimen organizado ha provocado un número extremadamente alto de víctimas, como masacres sistemáticas, atentados terroristas patrocinados por estas redes, o la desestabilización de regiones enteras a través de la violencia y la extorsión.
Corrupción sistémica y desestabilización del Estado: Cuando el crimen organizado logra infiltrar y corromper de manera masiva las instituciones estatales (policía, judicatura, política), amenazando la soberanía y la gobernabilidad del país. Aunque no es un delito directamente violento, se argumenta que el daño a la sociedad es tan profundo que podría justificar medidas extremas.
Sicariato con extrema crueldad o contra funcionarios públicos: Aunque el sicariato ya es un delito grave, en casos donde se demuestra una particular saña o donde las víctimas son jueces, fiscales, policías o periodistas que investigan al crimen organizado, algunos podrían argumentar a favor de la pena capital para «proteger» al Estado y a quienes lo defienden.

La postura chilena y sus fundamentos

La decisión de Chile de abolir la pena de muerte se basó en varios principios:

Derechos Humanos: La consideración de la vida como un derecho humano fundamental e inalienable, y la incompatibilidad de la pena de muerte con este principio.
Irreversibilidad del error judicial: La imposibilidad de corregir una condena a muerte en caso de un error judicial, un riesgo siempre presente en cualquier sistema de justicia.
Falta de efecto disuasorio comprobado: Como se mencionó anteriormente, no existe evidencia concluyente de que la pena de muerte sea un disuasivo más efectivo para el crimen (incluido el crimen organizado) que la cadena perpetua.
Dignidad Humana: La convicción de que el Estado no debe quitar una vida humana, incluso en los casos más extremos.

En su lugar, Chile ha fortalecido otras herramientas para combatir el crimen organizado, como el presidio perpetuo calificado (que impide optar a beneficios carcelarios hasta pasados 40 años), la persecución de bienes ilícitos, el fortalecimiento de las policías y el Ministerio Público, y la cooperación internacional.

La discusión sobre la pena de muerte, incluso en los casos más atroces, choca con los principios de un Estado de derecho moderno que busca proteger la vida y la dignidad de todas las personas.

Argumentos utilizados para vincular a la izquierda con el crimen organizado (principalmente por críticos):

Enfoque en causas estructurales: Algunos críticos argumentan que los gobiernos de izquierda, al centrarse en abordar las «causas profundas» del crimen como la desigualdad o la pobreza, podrían ser percibidos como menos estrictos en la aplicación de la ley o menos inclinados a usar la «mano dura». Esto, según esta perspectiva, crearía un ambiente de mayor permisividad que el crimen organizado podría explotar.
Negociación o amnistías: En algunos casos, gobiernos con tendencias de izquierda (o incluso de centro) han explorado o implementado políticas de diálogo o amnistías con grupos criminales o guerrilleros, con la intención de lograr la paz o la desmovilización. Críticos argumentan que esto puede fortalecer a estas organizaciones al darles legitimidad o permitirles operar con mayor impunidad. Un ejemplo clásico citado en este contexto son los procesos de paz en Colombia con grupos como las FARC, que tenían orígenes ideológicos de izquierda pero también se financiaban con actividades criminales.
Debilitamiento institucional o corrupción: La debilidad institucional y la corrupción son factores clave para el florecimiento del crimen organizado, independientemente del signo político del gobierno. Sin embargo, los críticos pueden señalar casos específicos donde gobiernos de izquierda han sido acusados de corrupción o de no haber fortalecido adecuadamente las instituciones de seguridad y justicia, lo que habría permitido la expansión criminal.
Alianzas históricas con grupos armados: En algunos contextos latinoamericanos, movimientos de izquierda revolucionaria o guerrillera tuvieron vínculos históricos con economías ilegales para financiarse. Los críticos a veces intentan extender esta conexión histórica a los partidos de izquierda en el poder, sugiriendo una «tácita alianza» o «paraguas político» para estas actividades.

Contraargumentos y análisis general:

El crimen organizado es apolítico en su esencia: El crimen organizado busca fundamentalmente el lucro y el poder. Se adapta a cualquier contexto político, buscando la corrupción y la debilidad institucional dondequiera que las encuentre, sea un gobierno de izquierda, centro o derecha. Su objetivo es la impunidad y la maximización de sus ganancias.
Factores transversales al auge del crimen organizado: La mayoría de los análisis sobre el auge del crimen organizado coinciden en que sus causas son multifactoriales e incluyen:
- Debilidad estatal y corrupción: La incapacidad del Estado para hacer valer sus leyes y la infiltración de sus instituciones por redes de corrupción son el caldo de cultivo ideal para el crimen. Esto no es exclusivo de ningún espectro político.
- Desigualdad económica y falta de oportunidades: En regiones con alta pobreza y pocas oportunidades, el reclutamiento para grupos criminales es más fácil, independientemente de la ideología del gobierno.
- Globalización y facilidad de flujos ilícitos: La interconexión global facilita el tráfico de drogas, armas, personas y lavado de dinero, superando las capacidades de control de muchos Estados.
- Geografía y rutas de tráfico: La ubicación geográfica de un país en rutas clave de tráfico puede hacerlo más vulnerable, sin importar su orientación política.
- Políticas de seguridad fallidas: Estrategias de «mano dura» excesivamente militarizadas o, por el contrario, enfoques demasiado blandos o descoordinados, pueden ser ineficaces si no van acompañadas de un fortalecimiento institucional y social.
Casos de crimen organizado bajo gobiernos de todo el espectro político: Existen numerosos ejemplos de crecimiento del crimen organizado y corrupción bajo gobiernos de derecha y de izquierda en América Latina y otras regiones. La lucha contra este fenómeno es un desafío para todos los Estados.
Políticas de izquierda también pueden combatirlo: Gobiernos de izquierda pueden implementar políticas sociales para reducir la base de reclutamiento del crimen, fortalecer la justicia social, y al mismo tiempo, llevar a cabo estrategias de seguridad rigurosas y de inteligencia para desarticular las redes criminales.

En conclusión, si bien las políticas de un gobierno pueden influir en la dinámica criminal, el crimen organizado es un desafío que trasciende las ideologías políticas y se alimenta de la debilidad del Estado, la corrupción y las oportunidades económicas ilícitas, factores que pueden estar presentes bajo cualquier tipo de administración.

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