Ley Mordaza 2.0 | Anticorrupción Chile

«Ley Mordaza» en Chile se refiere a una iniciativa legislativa propuesta, actualmente conocida como «Ley Mordaza 2.0», que busca imponer sanciones, incluyendo penas de cárcel y multas significativas, a personas que difundan información sobre investigaciones criminales en curso que estén bajo «secreto» o se consideren reservadas.

Esta propuesta ha suscitado considerable debate y oposición, en particular por parte de periodistas y defensores de la libertad de expresión, que sostienen que podría restringir gravemente la libertad de prensa y el derecho del público a la información.

A continuación se presentan algunos aspectos clave de la “Ley Mordaza 2.0”:

Objetivo: El objetivo declarado de los senadores que presentaron la iniciativa (Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti) es proteger el debido proceso, la privacidad de los involucrados en las investigaciones y evitar daños a la reputación mediante la divulgación no autorizada de información.
Sanciones propuestas: El proyecto de ley pretende modificar el Código Procesal Penal para sancionar con penas de prisión y multas a quienes «entreguen, informen, difundan o divulguen información de cualquier tipo sobre pruebas de una investigación protegida por secreto profesional». Esto se aplicaría no solo a los funcionarios involucrados en la investigación, sino también a cualquiera que difunda dicha información, incluidos los periodistas.
Controversia y preocupaciones: Los críticos argumentan que las leyes vigentes ya abordan la divulgación no autorizada de información clasificada por parte de funcionarios públicos. La principal preocupación es que este nuevo proyecto de ley extendería la responsabilidad penal a periodistas y otras personas que informan sobre asuntos de interés público, incluso si la información fue filtrada inicialmente por un funcionario. Esto se considera una amenaza directa al papel de la prensa en el escrutinio de los asuntos públicos y la exigencia de responsabilidades a las autoridades.
Postura del Gobierno: Si bien reconocen la importancia de proteger la información sensible, algunos funcionarios del gobierno, como el subsecretario Cardoch, han enfatizado que cualquier ley de ese tipo debe analizarse cuidadosamente a la luz de la libertad de prensa y la libertad de información.
Contexto histórico: Hubo intentos previos de legislación similar en Chile, a menudo denominada «Ley Mordaza 1.0», que enfrentaron una fuerte oposición de la comunidad periodística y finalmente no lograron aprobarse.

La “Ley Mordaza 2.0” se encuentra actualmente en tramitación en el Senado, y su potencial impacto sobre la libertad de expresión en Chile sigue siendo motivo de intensa discusión.

Principales problemas de la actualidad

Chile, una democracia relativamente estable en América Latina, enfrenta actualmente varios desafíos importantes. Estos pueden clasificarse, a grandes rasgos, de la siguiente manera:

1. Seguridad y Crimen:

Aumento de la delincuencia: Esta es posiblemente la preocupación más apremiante para los chilenos. Las tasas de delitos violentos, incluyendo asaltos, homicidios, robos de vehículos y allanamientos de morada, han ido en aumento. La delincuencia callejera (asaltos, carterismo) también es común.
Crimen organizado: El aumento del crimen organizado es una gran amenaza para la gobernabilidad y la democracia, como lo identifican diversos estudios.
Inmigración y control migratorio: Estrechamente vinculada a las preocupaciones de seguridad, la cuestión de la inmigración y su control es una preocupación pública importante, y los chilenos expresan altos niveles de preocupación al respecto.

2. Asuntos Políticos y Gobernabilidad:

Polarización y confianza institucional: Pese a la conclusión del proceso de reforma constitucional (con dos proyectos rechazados), aún persiste una sensación de polarización política y un bajo nivel de confianza en las instituciones políticas.
Complejidad de la gobernabilidad: Lograr una gobernanza efectiva sigue siendo un desafío, a menudo debido a panoramas políticos fragmentados y dificultades para generar consenso.
“Ley Mordaza”: La propuesta “Ley Mordaza 2.0” sigue siendo un punto de discordia, generando preocupaciones sobre la libertad de prensa y el derecho a la información.

3. Desigualdad y Justicia Social:

Servicios públicos deficientes: Muchos de los problemas que alimentaron el malestar social de 2019 (conocido como el «estallido social») persisten, incluidas las preocupaciones sobre la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos como la atención médica, la educación y el transporte público.
Sistema de pensiones: El sistema de pensiones sigue siendo una fuente de insatisfacción pública y un área clave para una posible reforma.
Derechos humanos: Si bien Chile ha logrado avances en materia de derechos humanos, entre los problemas persistentes se incluyen las condiciones carcelarias, la prisión preventiva y algunas preocupaciones con respecto al uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Derechos de los pueblos indígenas: Las disputas por tierras con el pueblo indígena Mapuche siguen siendo una fuente de malestar y un desafío para el gobierno.

4. Economía:

Inflación: Si bien la inflación ha disminuido, continúa afectando la vida cotidiana y el poder adquisitivo de los chilenos.
Bajo crecimiento económico: El país enfrenta desafíos para lograr un crecimiento económico robusto.
Desempleo: Si bien no es tan prominente como el crimen, el desempleo sigue siendo una preocupación para algunos segmentos de la población.

5. Medio Ambiente:

Contaminación del aire y del agua: La contaminación del aire, especialmente en centros urbanos como Santiago, y la contaminación del agua (particularmente proveniente de la minería y la salmonicultura) son problemas ambientales importantes.
Cambio climático y gestión de recursos hídricos: Chile es susceptible a los impactos del cambio climático, y la gestión efectiva de los recursos hídricos es crucial, particularmente en un contexto de sequías recurrentes.
Gestión de residuos: El sector minero, en particular, aporta un gran porcentaje de los residuos sólidos de Chile.

Chile enfrenta una red compleja de problemas interconectados, en la que la delincuencia y la seguridad pública surgen como la preocupación más inmediata y generalizada para sus ciudadanos, junto con desafíos persistentes en materia de gobernanza, igualdad social y estabilidad económica.

Principales problemas ley Morzada y acceso ilegal a sistemas

La «Ley Mordaza 2.0» en Chile, aunque su objetivo principal es sancionar la filtración de información reservada de investigaciones judiciales, presenta problemas significativos en el contexto del acceso ilegal a sistemas y la ciberseguridad, principalmente por cómo podría afectar la divulgación de información incluso si esta se obtiene a través de un ciberataque.

Aquí te detallamos los principales problemas:

Criminalización de la Divulgación, Independientemente de la Fuente o el Interés Público:
- Castigo a «particulares» y «periodistas»: La «Ley Mordaza 2.0» no solo apunta a funcionarios públicos que filtren información, sino que extiende las sanciones (multas e incluso penas de cárcel) a cualquier particular o periodista que «entregue, informe, difunda o divulgue» información de una investigación amparada por el secreto, incluso si no fue quien la obtuvo de forma ilícita . Esto es crucial.
- Impacto en la revelación de ciberataques: Si un ciberatacante accede ilegalmente a un sistema (por ejemplo, de una entidad gubernamental o una empresa), roba información clasificada y luego esta información es filtrada y llega a un periodista o a la opinión pública, la «Ley Mordaza 2.0» podría sancionar a quien la divulgue, no solo a quien cometió el acceso ilegal original. Esto crea un «efecto paralizador» en la prensa, ya que podrían autocensurarse por temor a ser criminalizados.
- Obstáculo al interés público: Muchas veces, el acceso ilegal a sistemas por parte de ciberdelincuentes (hackers) revela fallas de críticas de seguridad, corrupción o información que es de vital interés público. La ley, al sancionar la difusión, podría impedir que la ciudadanía entre en estos problemas, limitando la rendición de cuentas.
Confusión con la Ley de Delitos Informáticos (Ley N° 21.459):
- Chile ya cuenta con la Ley N° 21.459 de Delitos Informáticos , que fue actualizada en 2022 para adecuarse al Convenio de Budapest. Esta ley SÍ sanciona específicamente el «acceso ilícito» a sistemas informáticos.
- La «Ley Mordaza 2.0» no se enfoca en el acto de acceso ilegal en sí (que ya está cubierto), sino en la divulgación de información que proviene de una investigación reservada, sin importar cómo se obtuvo la información por parte de quien la divulga. Esto genera una superposición y posible confusión, donde el foco se desvía de la persecución del delito informático (acceso ilegal) hacia la criminalización de la información.
Dificultad para el periodismo de investigación:
- En el ámbito de la ciberseguridad, el periodismo de investigación a menudo depende de filtraciones o de información obtenida a través de accesos no autorizados que revelan vulnerabilidades o irregularidades. Si la «Ley Mordaza 2.0» se aprueba tal como está, los periodistas podrían enfrentar sanciones severas por informar sobre ciberincidentes que afectan la seguridad nacional, datos personales sensibles o la integridad de instituciones, incluso si la divulgación es en beneficio del público.
- Esto puede llevar a un vacío informativo sobre los problemas de ciberseguridad, dejando a la población menos informada sobre los riesgos y a las autoridades menos presionadas para mejorar sus defensas.
Ineficacia en la Lucha contra el Crimen Organizado Digital:
- La ley busca evitar la filtración de información de investigaciones penales para no comprometerlas. Sin embargo, al criminalizar a los divulgadores, no ataca directamente la raíz del problema: las propias filtraciones o el acceso ilegal a la información por parte de los ciberdelincuentes.
- Los criminales organizados que realizan accesos ilegales no se verán disuadidos por una ley que castiga a quienes informan sobre sus acciones, sino por una persecución más efectiva del delito informático.

En resumen, el principal problema de la «Ley Mordaza 2.0» en relación con el acceso ilegal a sistemas es que criminaliza la divulgación de información obtenida de investigaciones reservadas, incluso si esa información se filtró debido a un acceso ilegal o un ciberataque, y la persona que la difunta (periodista o particular) no fue quien cometió el delito informático original. Esto amenaza la libertad de prensa y el derecho a la información en un momento en que la ciberseguridad es una preocupación creciente y la transparencia sobre ciberincidentes es crucial.

Recomendaciones

Considerando el análisis detallado que hemos mantenido sobre la situación actual en Chile, el debate sobre la Ley Mordaza y los desafíos que plantea el acceso ilegal a la ciberseguridad, a continuación presentamos algunas recomendaciones basadas en los análisis:

Para personas y organizaciones en Chile

1. Mejorar las prácticas de ciberseguridad

Contraseñas más seguras y autenticación multifactor (MFA): Esto es fundamental. Implemente contraseñas seguras y únicas para todas las cuentas y habilite la MFA siempre que sea posible. Esto reduce significativamente el riesgo de acceso no autorizado, incluso si las contraseñas se ven comprometidas.
Actualizaciones periódicas de software: Mantenga actualizados todos los sistemas operativos, aplicaciones y software de seguridad. Los parches suelen solucionar vulnerabilidades recién descubiertas que los atacantes aprovechan para acceder ilegalmente.
Capacitación y concientización de empleados: Impartir capacitación periódica sobre las mejores prácticas de ciberseguridad, incluyendo la identificación de intentos de phishing, hábitos de navegación seguros y la importancia de reportar actividades sospechosas. El error humano suele ser el punto más débil.
Planes de respaldo y recuperación de datos: Realice copias de seguridad periódicas de sus datos críticos en ubicaciones externas seguras. Desarrolle y pruebe un plan de recuperación sólido para minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos en caso de un ataque de ransomware o una filtración de datos por acceso ilegal.
Plan de Respuesta a Incidentes: Disponga de un plan claro sobre qué hacer en caso de un ciberataque o un presunto acceso ilegal. Esto incluye la identificación, la contención, la erradicación y la recuperación del incidente.

2. Comprender y adaptarse a la nueva legislación

Manténgase informado sobre la «Ley Mordaza»: Si es periodista, medio de comunicación o cualquier persona involucrada en el debate público, siga de cerca el progreso de la «Ley Mordaza 2.0». Comprenda su texto final y las posibles implicaciones para la divulgación de información sensible, especialmente la obtenida mediante acceso no autorizado o filtraciones. Consulte con un asesor legal si es necesario.
Cumplir con la normativa de ciberseguridad: Las organizaciones deben familiarizarse con la recientemente promulgada Ley Marco de Ciberseguridad. Asegúrese de que su organización cumpla con los requisitos de los Operadores de Importancia Vital (OIV), si corresponde, incluyendo los plazos de notificación de incidentes y los protocolos de gestión de riesgos. El incumplimiento puede conllevar multas considerables.
Fortalecer la protección de datos: Más allá de la ciberseguridad, comprenda la Ley de Protección de Datos Personales vigente y futura. Implemente prácticas sólidas de gobernanza de datos para garantizar que los datos personales se recopilen, almacenen y procesen de forma legal y segura.

3. Promover la alfabetización digital y el pensamiento crítico

Verificar las fuentes de información: En una era en la que la información puede verse comprometida o fabricada, verifique siempre la credibilidad de las noticias y la información, especialmente cuando se trate de temas sensibles o supuestas violaciones de datos.
Apoyar iniciativas de alfabetización mediática: fomentar y participar en programas que eduquen al público sobre la alfabetización mediática y las habilidades de pensamiento crítico para ayudar a discernir la información confiable de la información errónea o la desinformación, en particular cuando se habla de incidentes cibernéticos.

Para responsables de políticas e instituciones en Chile

1. Priorizar la inversión y la aplicación de la ciberseguridad

Asignar recursos: garantizar que se asignen fondos y recursos adecuados a las agencias gubernamentales responsables de la ciberseguridad (por ejemplo, CERT Chile, unidades de investigación dentro del Ministerio Público) para combatir eficazmente el ciberdelito, incluido el acceso ilegal.
Fortalecer las capacidades de aplicación de la ley: Mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad para investigar y procesar los delitos cibernéticos, incluida la capacitación de unidades especializadas y el fomento de la cooperación internacional para rastrear a los perpetradores a través de las fronteras.
Promover las asociaciones público-privadas: fomentar la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la academia para compartir inteligencia sobre amenazas, desarrollar mejores prácticas y construir un ecosistema nacional de ciberseguridad más fuerte.

2. Reevaluar y aclarar las implicaciones de la «Ley Mordaza»

Equilibrar la seguridad con la libertad de expresión: Revisar cuidadosamente la Ley Mordaza 2.0 para garantizar que logre un equilibrio adecuado entre la protección de la integridad de las investigaciones y la defensa de la libertad de expresión y el derecho del público a la información. Considerar la posibilidad de modificar disposiciones que podrían criminalizar inadvertidamente el periodismo legítimo o las divulgaciones de interés público.
Definiciones claras: Asegurarse de que el lenguaje de la ley sea preciso, evitando términos vagos que puedan llevar a interpretaciones arbitrarias o tener efectos paralizantes en la presentación de informes, en particular respecto de información que pueda surgir del acceso ilegal a los sistemas.
Centrarse en el acto ilícito: Priorizar la aplicación efectiva de la Ley de Delitos Informáticos (Ley N° 21.459) para castigar a quienes cometen accesos ilegales y otros delitos cibernéticos, en lugar de apuntar principalmente a quienes informan sobre los resultados de dichos actos.

3. Fomentar una cultura de resiliencia digital

Estrategia Nacional de Ciberseguridad: Continuar perfeccionando e implementando una estrategia nacional integral de ciberseguridad que aborde la prevención, detección, respuesta y recuperación en todos los sectores, haciendo hincapié en la protección de la infraestructura crítica.
Educación cibernética en todos los niveles: Integrar la educación en ciberseguridad en los planes de estudio nacionales y en los programas de formación profesional para crear una fuerza laboral y una ciudadanía alfabetizadas digitalmente capaces de identificar y mitigar los riesgos cibernéticos.
Promover la investigación y el desarrollo: Apoyar la investigación y el desarrollo en ciberseguridad para fomentar la innovación y desarrollar experiencia local en la lucha contra las ciberamenazas en evolución.

Estas recomendaciones pretenden fomentar un entorno digital más seguro e informado en Chile, abordando tanto los desafíos técnicos y legales que plantea el acceso ilegal a los sistemas como las implicaciones más amplias para el discurso público.