El efecto retroactivo de una ley en Chile está regulado principalmente por el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que consagra el principio de irretroactividad de la ley penal, salvo que la nueva ley favorezca al afectado. Esto significa que, en general, una persona no puede ser juzgada ni sancionada por una conducta que no era delito al momento de cometerse, o con una pena que no existía en ese entonces.

En el contexto específico del acceso ilegal a sistemas estatales, la Ley N° 21.459 sobre Delitos Informáticos, publicada en junio de 2022, actualizó la legislación en esta materia. Esta ley tipifica el delito de acceso ilícito a un sistema informático, sancionando a quien, sin autorización o excediendo la autorización, y superando barreras técnicas o medidas de seguridad, acceda a dicho sistema.

Considerando el principio de irretroactividad, la aplicación de esta nueva ley a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia dependerá de si la nueva normativa es más o menos favorable al imputado.

• Si la nueva ley establece una pena menor o condiciones más favorables, podría aplicarse retroactivamente. Por ejemplo, si la ley anterior no tipificaba específicamente la conducta como delito o establecía una pena mayor.
• Si la nueva ley establece una pena mayor o condiciones menos favorables, generalmente no se aplicará a hechos anteriores, en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable.

Es importante tener en cuenta que la interpretación y aplicación específica de estos principios puede ser compleja y dependerá del análisis de cada caso particular por los tribunales de justicia. Factores como la fecha en que se cometió el acceso ilegal, la normativa vigente en ese momento y las disposiciones de la nueva ley serán relevantes para determinar si existe o no efecto retroactivo.

Responsabilidad de estado

La indemnización a víctimas del Estado en Chile puede ocurrir en diversos contextos y se basa en los principios de responsabilidad del Estado por los daños que sus agentes o la administración puedan causar. Aquí te presento algunos aspectos importantes:

Responsabilidad Extracontractual del Estado:

• El Estado tiene una responsabilidad extracontractual por los daños que cause a particulares en el ejercicio de sus funciones. Esto está reconocido en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho de las personas a ser indemnizadas por la administración del Estado, sus organismos o las municipalidades por cualquier lesión en sus derechos.
• Esta responsabilidad se ha desarrollado jurisprudencialmente, principalmente bajo la figura de la «falta de servicio». Esto ocurre cuando el Estado no cumple de manera correcta o eficiente las funciones que le son propias, causando un daño.
• Para que se configure la responsabilidad del Estado y surja la obligación de indemnizar, generalmente deben concurrir los siguientes elementos:
  • Una acción u omisión imputable al Estado o a sus agentes.
  • Un daño efectivo y cuantificable sufrido por la víctima.
  • Una relación de causalidad directa entre la acción u omisión y el daño.
  • En algunos casos, se considera la «falta de servicio», que implica un funcionamiento anormal o deficiente de la administración.

Tipos de Indemnización:

• Las indemnizaciones pueden cubrir diversos tipos de daños, incluyendo el daño moral (sufrimiento, dolor, aflicción) y el daño material (pérdida económica, gastos médicos, lucro cesante, etc.).
• Los montos de las indemnizaciones son determinados por los tribunales de justicia en cada caso particular, considerando la gravedad del daño, las circunstancias del hecho y los antecedentes presentados.

Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos:

• En casos de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, existe un reconocimiento especial de la necesidad de reparación integral a las víctimas.
• Esto puede incluir medidas de restitución (volver a la situación anterior al hecho), indemnización (compensación económica), rehabilitación (apoyo médico y psicológico), satisfacción (actos simbólicos de reconocimiento y disculpa) y garantías de no repetición.
• En Chile, ha habido procesos judiciales y leyes específicas destinadas a reparar a víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar y en otros contextos.

Víctimas de Delitos Violentos:

• Si bien no se trata estrictamente de responsabilidad del Estado por sus propios actos (sino por la comisión de delitos por terceros), existen mecanismos estatales de apoyo y reparación para víctimas de delitos violentos.
• Los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), dependientes de la Corporación de Asistencia Judicial, ofrecen atención integral (psicológica, social y jurídica) a las víctimas.
• Si bien el Estado no siempre indemniza directamente por el daño causado por un delito cometido por un particular, puede facilitar el acceso a la justicia para que la víctima pueda demandar civilmente al responsable del delito y obtener una reparación.

Proceso para Solicitar Indemnización:

• Generalmente, la víctima debe interponer una demanda civil ante los tribunales de justicia, buscando establecer la responsabilidad del Estado y acreditar los daños sufridos.
• Es fundamental contar con asesoramiento legal para llevar adelante este proceso, ya que implica la presentación de pruebas y argumentos jurídicos.
• El proceso judicial puede ser largo y complejo.

En el contexto específico de la Ley N° 21.459 sobre Delitos Informáticos (promulgada en junio de 2022):

• Si un acceso ilegal a sistemas estatales ocurrió antes de la entrada en vigencia de esta ley, se debe juzgar según la legislación penal informática que estaba vigente en ese momento (principalmente la Ley N° 19.227 sobre Delitos Informáticos).
• La Ley N° 21.459 podría aplicarse retroactivamente solo si sus disposiciones son más favorables para el imputado en comparación con la ley anterior. Por ejemplo, si la nueva ley estableciera una pena menor para la misma conducta.
• Sin embargo, si la Ley N° 21.459 introduce nuevas agravantes o aumenta las penas para el acceso ilegal a sistemas estatales, estas disposiciones no se pueden aplicar a hechos cometidos antes de su vigencia, ya que eso constituiría una aplicación retroactiva desfavorable, lo cual está prohibido constitucionalmente.

Excepciones muy limitadas:

Si bien la irretroactividad de la ley penal desfavorable es un principio fundamental, existen discusiones doctrinales y jurisprudenciales sobre situaciones muy específicas y límites a este principio, pero generalmente no aplican a la introducción de nuevas agravantes para delitos ya existentes.

Los hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de una ley que introduce agravantes deben ser juzgados según la ley vigente al momento de la comisión del delito, a menos que la nueva ley sea más favorable para el imputado en su conjunto.

El estado de Chile es el responsable de la indemnización cuando se acreditan los requisitos de la responsabilidad extracontractual, especialmente en casos de falta de servicio o violaciones de derechos humanos. Los procesos y los montos de indemnización son determinados por los tribunales en cada situación específica.