La Crisis en Corte Suprema de Chile, atraviesa a diciembre de 2025 un periodo de reestructuración crítica tras enfrentar el año más complejo en sus 200 años de historia. Esta crisis, gatillada por escándalos de tráfico de influencias y fallos irregulares, ha derivado en cambios de liderazgo y avances legislativos hacia una reforma profunda del sistema judicial. 

Ética judicial en entredicho: El peligroso vinculo entre el poder económico y la Corte Suprema.

Una justicia que no entiende la guerra digital es una justicia que ya ha sido derrotada: Su inacción no es neutralidad, es la entrega de la soberanía nacional al arbitrio del cibercrimen. Es complicidad en el desmantelamiento de la democracia chilena y hoy trasciende las fronteras

Cuando la inacción de los órganos fiscalizadores se vuelven cómplice del perjuicio, la falta de servicio deja de ser una omisión administrativa para convertirse en una responsabilidad del Estado, responder por lo que no previno y por lo que hoy, tras años de inacción, sigue permitiendo.

La justicia tardía es justicia denegada y daño consumado. Exijo el cese inmediato de la negligencia en mi causa y una retractación total de los responsables. El dolo judicial no se negocia, se sanciona. Espero una respuesta antes de que mi reclamo trascienda la vía administrativa.

Cuando la justicia se vuelve dolo y la toga complicidad, el silencio de los justos es la última pieza del engranaje. Responsabilizarse es entender que el sistema no va a cambiar por voluntad propia, sino por nuestra intransigencia ante la corrupción.

Exijo justicia real, fuera de su burocracia cómplice.

Insisto respetuosamente a este organismo a profundizar en las diligencias de fiscalización correspondientes, garantizando un proceso exhaustivo y transparente que permita el total esclarecimiento de los hechos denunciados, en resguardo del interés público y la justicia.

Mi competencia técnica y la firmeza de mi liderazgo son el único baluarte contra el agravio ante la claudicación de las instituciones y restaurar la paz social.

Lo más fulminante para un Ministro de la Suprema es la
Inhabilitación Absoluta Perpetua, ya que esto significaría su muerte civil y profesional inmediata, independientemente de si cumple la pena de cárcel en libertad vigilada.

El desglose del
Código Penal Chileno que configuran su situación.

Investigar y fiscalizar a Máximo Lagos hasta que reviente

Solicito que se investigue intervencionismo electoral que vulnera el principio de neutralidad del Estado, mediante el uso de recursos y facultades públicas para favorecer de manera indebida a una candidatura específica y todos los perjuicios a mi persona mencionado en la causa.

Fiscalizar conflicto de interés. El zurdo siempre miente, especialmente el perfil narcisista que no distingue color político. Las reglas las pongo yo, no un color político mediocre, inútil y oportunista.

La justicia no milita. Su único templo es la imparcialidad y su única brújula es el derecho.

El ministro Matus ha transformado la magistratura en una extensión de su antigua red de influencias privadas, validando judicialmente un proyecto del cual su propio círculo familiar obtuvo réditos económicos a través de terceros.

El costo de la justicia: El caso Matus y la caída de la Suprema

La justicia no solo debe ser justa, debe parecerlo. Hoy, la permanencia del ministro Jean Pierre Matus en la Corte Suprema es un insulto a esa máxima. No estamos ante un simple error de criterio o una omisión administrativa; estamos ante una arquitectura de influencias diseñada para beneficiar a un proyecto minero cuestionado a cambio de réditos económicos.

Es inaceptable que mientras comunidades enteras esperaban un fallo imparcial sobre el futuro de su ecosistema, el ministro redactor de esas sentencias tuviera la cuenta corriente de su hogar ligada —mediante oscuras triangulaciones— a la billetera de la empresa favorecida.

Matus ya perdió la credibilidad cuando negó sus vínculos con el operador Luis Hermosilla. Hoy, con el caso Dominga, lo que ha perdido es la legitimidad para vestir la toga. Mantenerlo en su cargo no es proteger la independencia judicial, es validar que en Chile la justicia tiene un precio y que los grandes proyectos se ganan en los pasillos de los bufetes amigos, no en la ley. Por el bien de la República, el sumario debe ser el preludio de su salida definitiva.