Contraloría General de la República (CGR)

La Contraloría General de la República (CGR) es un organismo fundamental en la estructura del Estado de Chile (y en otros países con denominaciones similares).

Se trata de un órgano superior de fiscalización, de carácter autónomo y con rango constitucional. Su misión principal es velar por la legalidad y el buen uso de los recursos públicos.

Naturaleza y Principios

Autonomía: La CGR es independiente del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Esta autonomía es crucial para que pueda ejercer su función de control de manera imparcial.
Fiscalizador Superior: Es el organismo de más alta jerarquía en materia de control de la Administración del Estado.
Rol: Su finalidad es controlar la legalidad de los actos administrativos y resguardar el correcto uso de los fondos públicos, promoviendo la probidad y la transparencia.

Funciones Principales

La Contraloría General de la República ejerce sus funciones a través de varias vías:

Función de Control de Legalidad (Toma de Razón):
- Es el acto preventivo por el cual la Contraloría examina los decretos y resoluciones de los órganos de la Administración (Ministerios, Servicios Públicos, etc.) antes de que entren en vigor.
- Si el acto está conforme a la Constitución y las leyes, la Contraloría «toma razón».
- Si no lo está, la Contraloría lo representa (lo devuelve con observaciones). El Ejecutivo solo puede insistir en ciertos casos previstos por la ley.
Función Jurídica (Dictámenes):
- Interpreta las normas constitucionales y legales que rigen a la Administración del Estado.
- Emite dictámenes (pronunciamientos jurídicos) que son obligatorios para todos los organismos de la Administración. Esta es la llamada jurisprudencia administrativa.
Función de Auditoría y Fiscalización:
- Realiza auditorías e investigaciones especiales para verificar el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público, y el respeto al Principio de Probidad Administrativa.
- Fiscaliza a ministerios, municipalidades, servicios públicos, empresas públicas y otras entidades que manejen fondos del Estado.
Función Contable (Contabilidad General de la Nación):
- Lleva la contabilidad general de la Nación, informando sobre la situación presupuestaria y patrimonial del Estado.
Función Jurisdiccional (Juzgamiento de Cuentas):
- Juzga las cuentas de los funcionarios que tienen a su cargo bienes o fondos públicos, y puede determinar responsabilidades y ordenar el reintegro de dineros malversados o dañados al patrimonio fiscal.

La Contraloría General de la República es el «vigilante» del Estado, asegurando que la Administración actúe dentro de los límites de la ley (juridicidad), con ética (probidad) y usando eficientemente los recursos (fiscalización).

La fiscalización en que los funcionarios públicos cumplan con el Principio de Probidad Administrativa y el deber de prescindencia política en el desempeño de su función.

Rol de la Contraloría General de la República (CGR)

La CGR es la entidad autónoma que ejerce el control de legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos públicos, y verifica el cumplimiento de las normas de probidad por parte de los funcionarios.

Sus funciones en este ámbito incluyen:

Emisión de Dictámenes e Instructivos: La Contraloría interpreta la normativa y emite documentos que detallan las prohibiciones y los deberes de los funcionarios en materia de actividad política, especialmente en períodos electorales (deber de prescindencia).
Fiscalización: Verifica que los funcionarios no realicen actividad política utilizando su horario de trabajo, recursos públicos (vehículos, oficinas, bienes, etc.), o su posición jerárquica dentro de la Administración del Estado.
Sanciones: Puede determinar si existen méritos para iniciar un sumario administrativo o una investigación sumaria contra un funcionario que haya incumplido las normas de probidad o prescindencia.

Alcance de la Fiscalización

La fiscalización sobre la actividad política se basa en varios principios legales y constitucionales, como:

Principio de Probidad Administrativa: Exige un desempeño honesto y leal de la función pública, anteponiendo siempre el interés general al particular.
Deber de Prescindencia: Los funcionarios no pueden usar su cargo para favorecer o perjudicar a ninguna tendencia, partido o candidato político.

En este contexto, la CGR fiscaliza:

El uso de bienes públicos (vehículos, instalaciones, computadores, correos electrónicos institucionales) para fines políticos.
La realización de actividad política durante el horario de trabajo o el ejercicio de la función.
La exigencia de aportes monetarios o trabajo político a sus subalternos.

Los funcionarios que infrinjan estas normas pueden ser sancionados según su estatuto (Estatuto Administrativo, Estatuto Docente, etc.), lo que puede incluir multas o incluso la destitución en casos de falta grave a la probidad.

Principio de Probidad Administrativa

El Principio de Probidad Administrativa es un pilar fundamental del Derecho Administrativo y de la función pública en muchos países, especialmente en el contexto latinoamericano.

Su esencia es la siguiente:

Concepto

Consiste en la obligación de las autoridades y funcionarios públicos de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su función o cargo, haciendo siempre que el interés general prevalezca sobre el interés particular. En términos simples, es la ética del servicio público.

Elementos Clave

Conducta Funcionaria Intachable: Requiere un estándar moral y ético superior al de un ciudadano común. Significa que el funcionario debe ser irreprochable tanto en el ejercicio de su cargo como en su vida pública, en la medida en que afecte la confianza en la función que desempeña.
Desempeño Honesto y Leal: Implica actuar con rectitud, integridad y fidelidad a los fines de la institución y del Estado, sin buscar el beneficio personal o de terceros.
Preeminencia del Interés General sobre el Particular: Es el corazón del principio. El funcionario debe tomar decisiones pensando en el bien común y en el servicio público, y no en sus propios intereses (económicos, familiares, políticos, etc.).

Manifestaciones y Conductas Prohibidas

El principio de probidad se concreta en una serie de deberes y, sobre todo, en la prohibición de ciertas conductas que constituyen una falta a la probidad. Estas incluyen:

Conflictos de Intereses: Intervenir en asuntos o decisiones donde el funcionario o sus parientes tengan un interés personal.
Uso Indebido de Información: Utilizar información privilegiada o reservada a la que se tuvo acceso por el cargo en beneficio propio o de terceros.
Uso de Recursos Públicos: Emplear dinero, bienes, tiempo de jornada o personal de la institución en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales (lo que se relaciona directamente con la prescindencia política).
Aceptación de Beneficios: Solicitar o aceptar donativos, ventajas o privilegios indebidos en razón del cargo o función.
Abuso de Autoridad: Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para conseguir un beneficio directo o indirecto.

La infracción del principio de probidad administrativa es considerada una falta grave y puede acarrear responsabilidades administrativas (como la destitución), civiles e incluso penales, dependiendo de la gravedad de la conducta.

Prescindencia Política

La prescindencia política es un principio que generalmente se aplica a los funcionarios y autoridades públicas, especialmente en el contexto de procesos electorales.

Se refiere a la obligación de actuar con estricta imparcialidad y de no utilizar los recursos, el cargo o la autoridad pública para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos o tendencias políticas contingentes.

En términos generales, implica:

Imparcialidad en el ejercicio de la función pública: Los servicios y prestaciones del Estado deben otorgarse a todos los ciudadanos sin discriminación política.
No realizar proselitismo o propaganda política: Prohíbe a los funcionarios realizar activismo político o electoral durante la jornada laboral o utilizando recursos institucionales.
No usar bienes públicos para fines electorales: Esto incluye dinero, vehículos, infraestructura, personal o tiempo de trabajo.

Es importante notar que, como ciudadanos, los funcionarios generalmente mantienen el derecho a emitir libremente sus opiniones políticas y realizar actividades de esa naturaleza fuera de su jornada laboral y con sus propios recursos, siempre y cuando esto no comprometa la imparcialidad de su función o el correcto funcionamiento de la institución. Las normativas específicas sobre este tema suelen estar reguladas por la Contraloría General de la República u organismos similares en cada país.

El cumplimiento de objetivos y la gestión por resultados en Chile se enmarca en un proceso más amplio de modernización del Estado que se aceleró tras el retorno a la democracia. Este proceso ha transformado la administración pública, pasando de un enfoque centrado en el cumplimiento de procedimientos a uno orientado a la eficiencia, eficacia y resultados.

1. Orígenes y Primera Fase (Década de 1990)

El impulso inicial se dio a comienzos de los años 90 con el objetivo de profesionalizar y mejorar la gestión del sector público:

Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994): Se enfoca en la reconstrucción democrática e institucional. Aunque se sentaron algunas bases, los esfuerzos de modernización de la gestión eran todavía incipientes.
Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000): Este período marca el inicio real de las reformas de gestión pública con un enfoque gerencialista (inspirado en la New Public Management).
- Se crea el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública.
- Se implementa el Plan Piloto de Modernización en algunas instituciones.
- Se introduce la planificación estratégica y la medición de resultados como conceptos clave.
- En 1997, se logran los primeros acuerdos con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que por primera vez vincularon incrementos salariales al desempeño individual e institucional.

2. Consolidación Legal e Institucional (Años 2000)

La gestión por objetivos se consolida y se institucionaliza formalmente a través de leyes clave:

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG): Introducido a fines de los 90, se convirtió en el principal instrumento para la gestión por objetivos. El PMG centraliza la definición de lineamientos comunes y evalúa el cumplimiento de objetivos de gestión en los servicios públicos, típicamente a través de indicadores de eficiencia. Su cumplimiento se vincula a un incentivo monetario colectivo (un bono) para los funcionarios.
Ley N° 19.882 (2003): Esta ley fue crucial para la gestión de personas y el cumplimiento de objetivos:
- Crea el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), que exige que los altos directivos públicos respondan por la gestión eficaz y eficiente de sus funciones, a través de la firma de Convenios de Desempeño. El cumplimiento de estos convenios es evaluado y determina la renovación o el término de su nombramiento.
- Formaliza el marco para la evaluación del desempeño funcionarial y los incentivos asociados al cumplimiento de metas.

3. Desafíos y Ajustes Posteriores

A pesar de los altos niveles de cumplimiento de metas reportados (a menudo superiores al 90% en el PMG, lo que implica el pago casi total del incentivo), el sistema ha enfrentado críticas y ajustes:

Rendición de Cuentas y Pertinencia: Surgieron cuestionamientos sobre si los objetivos medidos realmente apuntaban a los resultados finales o a los impactos que le importan a la ciudadanía, o si se centraban demasiado en procesos internos (back office).
Perfeccionamiento del PMG (A partir de 2010): Se hicieron reformas para intentar acercar el incentivo al cumplimiento de metas relevantes y más ambiciosas, buscando medir el impacto de la gestión.
Evolución del Control de Gestión: La Dirección de Presupuestos (DIPRES) ha fortalecido sus herramientas de control de gestión, usando el presupuesto como eje de la planificación y el monitoreo, incluyendo la exigencia de definir y monitorear los Indicadores de Desempeño (ID) en la Ley de Presupuestos.

El cumplimiento de objetivos en Chile evolucionó de un enfoque de modernización voluntaria a un sistema integrado y legalmente establecido que vincula la planificación, la gestión institucional, la Alta Dirección Pública y los incentivos salariales.

Cumplimiento de objetivos en la Administración Pública chilena, desde 2019, se caracteriza por dos fenómenos paralelos: la mantención de los sistemas de incentivos (PMG y ADP) con sus altos niveles de cumplimiento histórico, y un fuerte énfasis en la incorporación de nuevos criterios de gestión, especialmente la sustentabilidad y la eficiencia del gasto.

1. Continuidad y Resultados del Sistema de Incentivos (PMG y ADP)

El marco legal de cumplimiento de objetivos se mantuvo vigente, aunque con la persistencia de patrones de alto cumplimiento que han sido objeto de debate:

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG):
- El PMG, un incentivo colectivo vinculado al cumplimiento de objetivos de gestión, continuó mostrando altísimos porcentajes de cumplimiento institucional (cercanos o superiores al 90-100% de las metas comprometidas), lo que se traduce en el pago del 100% del bono para prácticamente la totalidad de los funcionarios.
- Este patrón de éxito estadístico ha sido criticado por expertos y autoridades, quienes señalan que podría deberse a una baja ambición o rigidez en la definición de las metas, más que a una mejora drástica y constante en la gestión.
Alta Dirección Pública (ADP):
- El sistema de Convenios de Desempeño (CD) para los altos directivos se mantuvo como el mecanismo clave para la gestión por objetivos a nivel directivo.
- Estos convenios exigen que los directivos definan objetivos estratégicos de gestión (productivos, políticos y estratégicos), y su evaluación de cumplimiento es un factor determinante para la renovación de su cargo.

2. Nuevos Énfasis y Desafíos en la Gestión Post-2019

El período post-2019, marcado por el estallido social y la pandemia, trajo consigo la necesidad de flexibilizar y reorientar la gestión pública, impulsando nuevos criterios de desempeño:

A. Incorporación de Criterios de Sustentabilidad: El Eje «Estado Verde» 🌳

A partir de 2023, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) introdujo el concepto de «Estado Verde» como un componente clave en la gestión por objetivos.

Objetivo: Integrar la sustentabilidad y el cambio climático en la gestión institucional.
Mecanismo: El criterio «Estado Verde» se incorporó al PMG y a las Metas de Eficiencia Institucional (MEI), obligando a los servicios públicos a:
- Crear políticas de sustentabilidad y comités.
- Implementar planes de gestión ambiental.
- Medir y mejorar la eficiencia energética de sus inmuebles (ej. consumo de KWH/m²).
- Incluir la temática medioambiental en sus planes de capacitación.

B. Foco en la Eficiencia del Gasto y Austeridad

Tras la pandemia y en un contexto de restricción fiscal, hubo un renovado énfasis en la eficiencia del gasto público:

Se reforzaron los objetivos de mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto, especialmente evitando la concentración de gastos de operación en los meses finales del año.
La planificación y el control de gestión, a cargo de la DIPRES, buscaron utilizar el presupuesto no solo como un plan de gastos, sino como un instrumento de gestión para resultados.

C. Aceleración de la Transformación Digital

Si bien el proceso es anterior, la pandemia de COVID-19 aceleró el cumplimiento de objetivos relacionados con la transformación digital y la simplificación de trámites (cuyo cumplimiento es un objetivo transversal en la modernización del Estado), buscando:

Sustituir trámites presenciales por no presenciales.
Mejorar la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.

Desde 2019, Chile ha mantenido la estructura de incentivos por objetivos (PMG y ADP) que se consolidó a inicios de los 2000, pero ha inyectado nuevos contenidos temáticos (Estado Verde a Fiscalizar) y un foco más estricto en la eficiencia financiera, en respuesta a las demandas sociales y los desafíos globales.

El análisis de expertos, instituciones y reportes como el Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial para 2025, señala una convergencia de amenazas en tres áreas principales.

Los acontecimientos críticos del año 2025 están dominados por la inestabilidad geopolítica, la intensificación de las crisis ambientales y los riesgos derivados de la polarización social y el avance tecnológico desregulado.

A continuación, se detallan los principales acontecimientos y riesgos críticos proyectados para 2025:

1. Riesgos Geopolíticos y Conflictos

La fragmentación y la confrontación geoeconómica y militar a nivel estatal se perfilan como el principal riesgo a corto plazo:

Conflictos Armados Vigentes: Persiste la alta probabilidad de escalada o estancamiento crítico en conflictos clave, como la guerra en Ucrania, el conflicto entre Israel-Palestina (incluyendo tensiones con el Líbano y una mayor participación regional), y la guerra en Sudán (considerada una de las más devastadoras por hambruna y desplazados).
Tensiones de Superpotencias: La rivalidad entre China y Estados Unidos (EE. UU.) podría alcanzar un punto álgido. Las presiones sobre Taiwán se intensifican, especialmente en el ámbito tecnológico y económico, redefiniendo el equilibrio de poder en Asia-Pacífico.
Impacto del Cambio Político en EE. UU.: La asunción de Donald Trump para un segundo mandato podría alterar las dinámicas geopolíticas, especialmente en alianzas y políticas comerciales, lo que genera incertidumbre en la economía global y en la política exterior.

2. Crisis Ambiental y Climática

Los riesgos medioambientales dominan el horizonte de amenazas a largo plazo (próximos 10 años) y se intensifican en 2025:

Fenómenos Meteorológicos Extremos: Se espera una mayor incidencia y severidad de eventos climáticos extremos (sequías, inundaciones, olas de calor), con graves consecuencias humanitarias y económicas.
Pérdida de Biodiversidad y Colapso Ecosistémico: Este riesgo se mantiene en el top de las preocupaciones a largo plazo, ya que el deterioro ambiental erosiona la base de los sistemas económicos y sociales.
COP30 en Brasil: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, es un evento crítico que marcará los 10 años del Acuerdo de París, con el desafío de que los países presenten nuevos objetivos climáticos más ambiciosos.

3. Desafíos Sociales, Económicos y Tecnológicos

Existen riesgos críticos que socavan la cohesión social y la estabilidad institucional:

Desinformación y Polarización Social: La información errónea y la desinformación (incluyendo el riesgo de Deepfakes potenciados por la Inteligencia Artificial) son un riesgo inmediato. Fomentan la inestabilidad política y la desconfianza en las instituciones.
Incertidumbre Económica y Deuda: Se proyecta una desaceleración económica en varios países, especialmente en Europa y América Latina. La crisis de la deuda pública y privada, combinada con una inflación volátil y una alta tasa de interés persistente en algunos países, crea un entorno de cautela.
Inteligencia Artificial (IA) y Ciberseguridad:
- El rápido desarrollo de la IA se considera un motor económico, pero también el mayor riesgo a largo plazo debido a la incertidumbre en su gobernanza.
- El ciberespionaje, las guerras tecnológicas y la ciberseguridad deficiente son una amenaza crítica para las empresas y los gobiernos.
Movimientos Migratorios Masivos: Los fenómenos políticos y meteorológicos continuarán generando desplazamientos de personas, con especial atención a regiones como Haití, África Subsahariana, y Siria.

Basado en las proyecciones y la agenda política y económica de Chile, los acontecimientos y desafíos más críticos para el año 2025 se concentran en el ámbito político, social y de seguridad, culminando en un proceso electoral crucial.

1. Evento Político Crucial: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias

El hito más importante y con mayor criticidad política es el ciclo electoral que culminará a fines de 2025:

Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (Noviembre/Diciembre 2025): La ciudadanía elegirá al sucesor o sucesora del actual Presidente Gabriel Boric, así como a los nuevos miembros del Congreso. Este proceso se da en un contexto de alta polarización política y desconfianza institucional, por lo que la campaña y los resultados serán cruciales para definir el rumbo del país y la viabilidad de las reformas pendientes.
Gobierno de Salida: El Gobierno en ejercicio centrará gran parte de su esfuerzo en la ejecución de las leyes ya aprobadas (como la Ley de 40 Horas y los avances en la PGU) y en impulsar medidas de alto impacto social antes del cambio de mando.

2. Desafíos Sociales y de Seguridad Pública

Según los análisis de riesgo, los temas de seguridad seguirán siendo el foco principal de la preocupación ciudadana y la agenda política:

Delincuencia y Crimen Organizado: Se proyecta que la seguridad pública y el aumento de la violencia, el crimen organizado y los delitos de alta connotación social seguirán siendo el desafío más apremiante para las autoridades y la ciudadanía.
Polarización Política y Migración Involuntaria: Los análisis de riesgo global identifican la polarización y la gestión de la migración involuntaria (o irregular) como riesgos sociopolíticos persistentes y que pueden escalar durante el año electoral.

3. Agenda de Reformas Estructurales

La capacidad del Congreso para generar acuerdos sobre reformas clave determinará el éxito de la agenda legislativa de 2025:

Reforma de Pensiones: Continuará siendo un tema crítico. Aunque se han implementado mejoras a la Pensión Garantizada Universal (PGU), la discusión sobre el nuevo Seguro Social y el destino del 6% de cotización adicional sigue pendiente y es fundamental para mejorar las pensiones futuras, especialmente de las mujeres.
Pactos y Proyectos de Crecimiento: El Ministerio de Hacienda impulsará proyectos de ley enfocados en fomentar la inversión y la productividad, incluyendo iniciativas relacionadas con la descarbonización, el Hidrógeno Verde y el fomento al emprendimiento.
Ajustes al Gasto Público: El Ejecutivo buscará implementar reformas estructurales al gasto público, basadas en recomendaciones de comisiones asesoras, para lograr mayor eficiencia y liberar recursos para otras prioridades.

4. Panorama Económico y Financiero

La economía chilena mantendrá una senda de crecimiento moderado, con una atención crítica en la inversión:

Crecimiento e Inversión: Se proyecta una leve aceleración del PIB (con estimaciones que fluctúan en torno al $2,0\%$ y $2,5\%$), pero el desafío crítico es impulsar la inversión y el consumo de los hogares, que han estado estancados.
Inflación y Tasa de Interés: Aunque la inflación debería seguir descendiendo, el desafío es asegurar su convergencia a la meta del $3\%$ del Banco Central, lo que influirá en las decisiones de política monetaria y el costo del crédito.
Desafíos Ambientales y de Infraestructura: La necesidad de inversión en infraestructura resiliente al cambio climático y la tensión entre el desarrollo económico (ej. proyectos de litio e hidrógeno verde) y la conservación ambiental seguirán siendo temas críticos en la planificación a largo plazo y requiere máxima fiscalización.

Alto a la Ilusión del «Estado Verde»!

A las Autoridades del Gobierno de Chile, a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y al Congreso Nacional:

La ciudadanía no puede permitirse más simulacros de gestión. El sistema de cumplimiento de objetivos, ejemplificado hoy por la retórica del «Estado Verde», corre el riesgo de convertirse en la estafa administrativa más grande de nuestra historia reciente: un mecanismo diseñado no para mejorar nuestro entorno, sino para justificar el pago de bonos y encubrir la inacción real.

Si el «Estado Verde» es, como tememos, un mero requisito burocrático, una lista de chequeo para pintar de verde un sistema que sigue siendo gris e ineficiente, es nuestro deber cívico exigir la verdad y la acción inmediata.

¡Exigimos resultados reales, no checklist verdes!

FIN AL RITUAL DEL PMG Y EL «BONO VERDE»: Dejen de usar el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) como una máquina de incentivos salariales basada en metas fáciles. Si el 98% de los servicios cumple el 100% de sus objetivos, las metas no son de gestión, son de trámite. Exigimos que la DIPRES y el Ministerio de Hacienda vinculen los incentivos del 2026 a indicadores que impacten directamente la calidad de vida de los chilenos:
- Reducción medible y verificable de la huella de carbono institucional.
- Ahorro hídrico efectivo documentado, en el contexto de nuestra megasequía.
- Disminución real de la lista de espera en Salud o de la revictimización en Seguridad Pública, no solo de los procesos internos.
REESTRUCTURACIÓN DEL CONVENIO ADP: DEL PAPELEO AL LIDERAZGO: Los Altos Directivos Públicos (ADP) deben dejar de firmar convenios de desempeño que solo reflejan buenas intenciones. Exigimos que sus evaluaciones de 2026 dependan de:
- El impacto regional y comunitario de sus decisiones, no solo del cumplimiento de procesos internos.
- El coraje para desmantelar la burocracia ineficiente, liberando recursos del gasto de operación hacia la inversión social.
TRANSPARENCIA TOTAL Y FINANCIAMIENTO CON SENTIDO: Si el Estado invierte en una agenda «verde», el detalle de cada peso gastado debe ser público y auditable por la ciudadanía. Exigimos:
- Auditorías externas de los resultados del «Estado Verde» antes del 1 de mayo de 2026.
- Que el Congreso Nacional rechace cualquier presupuesto que destine fondos a programas de gestión sin metas de impacto demostrables y fiscalizables.

Señoras y Señores, el tiempo del diagnóstico terminó. La crisis climática, la crisis hídrica y la crisis de confianza exigen que el Estado chileno pase de la simulación a la acción.

¡Que el «Estado Verde» sea una realidad que salve nuestro futuro, y no una estafa que liquide nuestra fe en la gestión pública!