Derechos Humanos ONU

Los derechos humanos de la ONU, son pilares fundamentales para la dignidad y el bienestar de cada individuo, enfrentan desafíos significativos en todo el mundo. A continuación, se presentan algunos de los problemas más apremiantes:

1. Violaciones y abusos:

Conflictos armados:
- Las guerras y los conflictos internos generan un sufrimiento inmenso, con violaciones masivas de derechos humanos como asesinatos, torturas, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Autoritarismo y represión:
- Regímenes autoritarios reprimen la libertad de expresión, la asociación y la participación política, encarcelando a disidentes y silenciando a la oposición.
Discriminación:
- La discriminación basada en la raza, el género, la orientación sexual, la religión u otras características persiste en muchas sociedades, limitando el acceso a la educación, el empleo y otros derechos fundamentales.
Violencia policial:
- El abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, con casos de brutalidad y uso excesivo de la fuerza, socava la confianza en las instituciones y viola el derecho a la seguridad personal.

2. Desigualdad y exclusión:

Pobreza extrema:
- La pobreza priva a millones de personas de sus derechos económicos y sociales, como el acceso a alimentos, agua potable, vivienda y atención médica.
Falta de acceso a la educación:
- La falta de educación perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades de las personas para desarrollar su potencial.
Desigualdad de género:
- Las mujeres y las niñas enfrentan discriminación y violencia en todo el mundo, lo que limita su participación en la vida pública y económica.
Derechos de los migrantes:
- Los migrantes y refugiados a menudo enfrentan discriminación, xenofobia y violaciones de sus derechos humanos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

3. Desafíos emergentes:

Cambio climático:
- El cambio climático amenaza los derechos humanos al provocar desastres naturales, desplazamiento y escasez de recursos.
Tecnología y privacidad:
- El uso de la tecnología plantea nuevos desafíos para la privacidad y la protección de datos, con el riesgo de vigilancia masiva y discriminación algorítmica.
Inteligencia Artificial:
- La IA plantea problemas como la discriminación algorítmica, la falta de transparencia en la toma de decisiones y el uso de la IA para la vigilancia masiva.

4. La importancia de la defensa de los derechos humanos:

La defensa de los derechos humanos es esencial para construir sociedades justas, pacíficas y sostenibles.
Los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel crucial al denunciar violaciones, brindar apoyo a las víctimas y promover la rendición de cuentas.
Es importante que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil trabajen juntos para abordar estos desafíos y garantizar el respeto de los derechos humanos para todos.

Derechos humanos y vacío legal

El concepto de «vacío legal» en el contexto de los derechos humanos se refiere a situaciones donde la ley no proporciona una protección adecuada o explícita para ciertos derechos fundamentales. Estos vacíos pueden surgir por diversas razones:

Evolución social y tecnológica:
- La sociedad y la tecnología cambian rápidamente, y las leyes a veces no logran mantenerse al día. Esto puede generar vacíos en la protección de derechos relacionados con la privacidad en línea, la inteligencia artificial o la biotecnología.
Falta de claridad o ambigüedad en las leyes:
- Algunas leyes pueden ser vagas o ambiguas, lo que dificulta su aplicación y deja espacio para interpretaciones que no protegen adecuadamente los derechos humanos.
Ausencia de legislación específica:
- En algunos casos, simplemente no existen leyes que aborden ciertos derechos humanos. Esto puede ocurrir cuando surgen nuevos derechos o cuando ciertos grupos son marginados y sus derechos no son reconocidos.
Problemas en la implementación:
- Incluso cuando existen leyes que protegen los derechos humanos, puede haber problemas en su implementación. La falta de recursos, la corrupción o la discriminación pueden impedir que se apliquen de manera efectiva.

Consecuencias de los vacíos legales en derechos humanos:

Vulnerabilidad: Las personas cuyos derechos no están protegidos adecuadamente son más vulnerables a la discriminación, la violencia y otros abusos.
Impunidad: Los responsables de violaciones de derechos humanos pueden quedar impunes si no existen leyes que los responsabilicen.
Desconfianza en el sistema legal: Los vacíos legales pueden socavar la confianza en el sistema legal y en la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos.

Acciones para abordar los vacíos legales:

Legislación: Es necesario promulgar leyes claras y específicas que protejan todos los derechos humanos.
Interpretación judicial: Los tribunales pueden desempeñar un papel importante al interpretar las leyes existentes de manera que protejan los derechos humanos.
Conciencia y educación: Es fundamental crear conciencia sobre los derechos humanos y educar a la población sobre cómo protegerlos.
Cooperación internacional: Los países deben trabajar juntos para abordar los vacíos legales en derechos humanos a nivel internacional.

Es importante reconocer que los vacíos legales en materia de derechos humanos son un problema complejo que requiere un enfoque multifacético.

Excluir derechos humanos a cibercriminales es fundamental

Excluir a los cibercriminales de la protección de los derechos humanos plantea un debate ético y legal complejo. Si bien es comprensible el deseo de justicia para las víctimas de delitos cibernéticos, la exclusión de derechos humanos fundamentales tiene implicaciones significativas:

Argumentos en contra de la exclusión:

Derechos humanos universales:
- Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, independientemente de sus acciones. Negar estos derechos establece un precedente peligroso y socava el principio de universalidad.
Debido proceso y justicia:
- Incluso los cibercriminales tienen derecho a un juicio justo y a la protección contra tratos crueles o inhumanos. La exclusión de estos derechos puede conducir a abusos y errores judiciales.
Reinserción y prevención:
- El respeto de los derechos humanos puede facilitar la reinserción social de los cibercriminales y reducir la reincidencia. La exclusión puede aumentar el riesgo de que los delincuentes vuelvan a cometer delitos.
Efectos negativos en la sociedad:
- La exclusión de los derechos humanos puede socavar el estado de derecho, y generar un ambiente de desconfianza en la justicia, lo que puede generar una espiral de violencia.

Consideraciones importantes:

Proporcionalidad y justicia:
- Es fundamental que las sanciones por delitos cibernéticos sean proporcionales a la gravedad del delito y que se respeten los principios de justicia.
Protección de las víctimas:
- Los derechos de las víctimas de delitos cibernéticos deben ser protegidos y garantizados. Esto incluye el derecho a la justicia, la reparación y la protección contra nuevas agresiones.
Cooperación internacional:
- La lucha contra el cibercrimen requiere cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos en todos los países.

Si bien la lucha contra el cibercrimen es crucial, la exclusión de los derechos humanos no es una solución viable, sin embargo en casos extremos para encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, es necesario un profundo análisis psicológico y psiquiátrico del cibercriminal para tomar medidas excepcionales, los cibercriminales tienen acceso a todo y como derivada son la raíz del poder del crimen organizado y terrorismo, el cáncer de los tiempos actuales.

La relación entre los derechos humanos de la ONU y la condena de muerte es compleja y profundamente debatida, especialmente en casos extremos.

Argumentos en contra de la pena de muerte, incluso en casos extremos, desde la perspectiva de los derechos humanos:

Derecho a la vida: El derecho a la vida es un derecho humano fundamental e inherente a toda persona. La pena de muerte viola este derecho de manera irreversible.
Prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: Muchos argumentan que la pena de muerte, con la angustia que genera en el condenado y su familia, constituye un trato cruel, inhumano o degradante, lo cual está prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos.
Riesgo de error judicial: El sistema judicial es falible y existe el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Un error de esta magnitud es irreparable.
Falta de efecto disuasorio comprobado: No hay consenso científico sobre si la pena de muerte tiene un efecto disuasorio mayor que otras penas, como la cadena perpetua.
Discriminación: La aplicación de la pena de muerte a menudo está marcada por la discriminación basada en la raza, el origen étnico, la condición socioeconómica y otros factores.
Dignidad humana: La pena de muerte niega la dignidad inherente de la persona, incluso de aquellos que han cometido crímenes atroces.
Posibilidad de rehabilitación: Incluso en casos extremos, algunos sostienen que nunca se debe renunciar a la posibilidad de que una persona cambie o se arrepienta.

Argumentos a favor de la pena de muerte justificada en casos extremos:

Retribución: Algunos creen que en casos de crímenes extremadamente graves, como genocidio, asesinatos en masa o actos de terrorismo con gran número de víctimas, la pena de muerte es una retribución justa y proporcional al daño causado.
Protección de la sociedad: Se argumenta que la pena de muerte puede ser necesaria para proteger a la sociedad de individuos que representan un peligro extremo y continuo, aunque la cadena perpetua también busca este objetivo.
Justicia para las víctimas: Para algunos, la pena de muerte puede ofrecer un sentido de cierre y justicia a las víctimas y sus familias en casos de crímenes horribles.
Disuasión (argumento controvertido): Aunque no hay consenso, algunos sostienen que la pena de muerte puede disuadir a otros de cometer crímenes igualmente atroces.

La postura del derecho internacional de los derechos humanos:

La tendencia a nivel internacional es hacia la abolición de la pena de muerte. Muchos tratados internacionales de derechos humanos, como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, reflejan esta tendencia.

Si bien algunos instrumentos internacionales permiten la pena de muerte en circunstancias muy limitadas (generalmente para los crímenes más graves), imponen estrictas salvaguardias para garantizar un juicio justo y evitar su aplicación arbitraria. Estas salvaguardias incluyen:

Aplicación solo a los «crímenes más graves» (interpretados generalmente como crímenes intencionales con consecuencias letales o extremadamente graves).
Existencia de una ley que prevea la pena de muerte en el momento de la comisión del delito.
Juicio justo con todas las garantías procesales.
Derecho de apelación.
Posibilidad de solicitar indulto o conmutación de la pena.
Prohibición de aplicar la pena de muerte a menores de 18 años y a mujeres embarazadas.

Casos extremos:

La definición es subjetiva y puede variar. Sin embargo, generalmente se refiere a crímenes de una crueldad y magnitud excepcionales, que causan un gran número de víctimas o un sufrimiento extremo.

Incluso en estos casos, la comunidad internacional de derechos humanos en su mayoría aboga por la abolición de la pena de muerte, argumentando que los principios fundamentales de derechos humanos deben prevalecer y que existen alternativas como la cadena perpetua que pueden lograr objetivos similares sin violar el derecho a la vida.

En el contexto de Chile:

Chile abolió la pena de muerte para crímenes comunes en 2001. Sin embargo, la Constitución Política aún la contempla para casos de traición a la patria en tiempo de guerra. No obstante, no se han registrado ejecuciones en Chile desde 1985. La tendencia en Chile, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, es hacia la abolición total de la pena de muerte.

En resumen, si bien la idea de la pena de muerte puede parecer «justificada» para algunos en casos extremos, desde la perspectiva de los derechos humanos, existe una fuerte oposición debido a la violación fundamental del derecho a la vida, el riesgo de error, la posibilidad de tratos crueles e inhumanos y la creencia en la dignidad inherente de toda persona. El derecho internacional de los derechos humanos promueve la abolición, incluso para los crímenes más graves, con estrictas salvaguardias para aquellos países que aún la mantienen en circunstancias muy limitadas.

Derechos humanos vs código civil

La relación entre los derechos humanos y el Código Civil es fundamental y se basa en la idea de que el Código Civil, como cuerpo normativo que regula las relaciones privadas entre las personas, debe respetar y garantizar los derechos humanos. No existe una contraposición inherente, sino más bien una relación de complementariedad y jerarquía.

1. Jerarquía Normativa:

En la mayoría de los sistemas jurídicos modernos, incluyendo el chileno, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado tienen una jerarquía superior a las leyes internas, incluyendo el Código Civil. Esto se fundamenta en el artículo 5, inciso segundo, de la Constitución Política de la República de Chile, que establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución¹ y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Por lo tanto, cualquier disposición del Código Civil que contravenga un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por Chile podría ser considerada inaplicable o interpretada de conformidad con el estándar de derechos humanos.

2. Influencia de los Derechos Humanos en la Interpretación del Código Civil:

Los principios y normas de derechos humanos actúan como criterios de interpretación para las disposiciones del Código Civil. Los jueces y tribunales deben interpretar las leyes civiles de manera que se armonicen con los derechos humanos, favoreciendo la protección y garantía de estos.
Esto significa que, ante una duda o ambigüedad en una norma del Código Civil, se debe preferir la interpretación que sea más favorable a la plena vigencia de los derechos humanos.

3. El Código Civil como Marco para la Protección de Derechos Humanos:

Si bien los derechos humanos se consagran principalmente en la Constitución y en tratados internacionales, el Código Civil proporciona el marco legal para la regulación de muchas relaciones privadas que tienen una directa implicancia en el ejercicio de los derechos humanos.
Por ejemplo, normas sobre la capacidad jurídica, el matrimonio, la familia, la propiedad, los contratos y la responsabilidad civil tienen un impacto significativo en derechos como la igualdad, la no discriminación, la vida privada y familiar, el derecho a la propiedad y el acceso a la justicia.
El Código Civil debe evolucionar y ser interpretado de manera que promueva la igualdad y la no discriminación en las relaciones privadas, evitando regulaciones que puedan ser discriminatorias o que vulneren la dignidad de las personas.

4. Posibles Tensiones y su Resolución:

En algunos casos, pueden surgir tensiones entre disposiciones específicas del Código Civil y normas de derechos humanos. Por ejemplo, regulaciones que históricamente han perpetuado desigualdades de género o discriminación podrían entrar en conflicto con los principios de igualdad y no discriminación consagrados en los tratados de derechos humanos.
En estos casos, los tribunales están llamados a resolver la tensión aplicando el principio de jerarquía normativa (dando primacía al tratado de derechos humanos) y utilizando la interpretación conforme para armonizar la legislación interna con los estándares internacionales de derechos humanos.
El legislador también tiene la responsabilidad de reformar el Código Civil para asegurar su plena conformidad con los derechos humanos.

En el contexto chileno:

La jurisprudencia chilena ha comenzado a incorporar los estándares de derechos humanos en la interpretación y aplicación del Código Civil en diversas áreas, como el derecho de familia, la responsabilidad civil y los derechos de las personas con discapacidad.
La obligación de «control de convencionalidad» implica que los jueces chilenos deben verificar que las leyes internas, incluyendo el Código Civil, se ajusten a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos de los que Chile es parte.

Los derechos humanos son el marco superior que guía y limita la aplicación del Código Civil. El Código Civil, a su vez, es un instrumento fundamental para la protección y garantía de muchos derechos humanos en la esfera de las relaciones privadas. La interpretación y aplicación del Código Civil deben realizarse siempre a la luz de los principios y normas de derechos humanos, buscando la mayor armonía posible entre ambos cuerpos normativos y garantizando la primacía de los derechos humanos en caso de conflicto.

Desafíos código civil y derechos humanos

Si bien la relación entre los derechos humanos y el Código Civil es fundamentalmente de complementariedad y jerarquía a favor de los derechos humanos, la incorporación y la primacía de estos últimos pueden generar ciertos desafíos para la concepción tradicional y la aplicación del Código Civil. Es importante entender estos riesgos no como algo negativo per se, sino como tensiones y áreas de adaptación necesarias para que el derecho privado evolucione en consonancia con los estándares de derechos humanos.

1. Desestabilización de Conceptos Clásicos:

Autonomía de la Voluntad: Principios clásicos del Código Civil como la autonomía de la voluntad y la libertad contractual pueden verse limitados cuando su ejercicio vulnera derechos humanos. Por ejemplo, un contrato que implique discriminación o explotación laboral podría ser considerado nulo o inaplicable por contravenir normas de derechos humanos. Esto requiere una reinterpretación de la autonomía de la voluntad dentro de los límites del respeto a la dignidad humana y la igualdad.
Patrimonialización de las Relaciones: El enfoque tradicionalmente patrimonialista del Código Civil puede entrar en tensión con la creciente importancia de los derechos de la personalidad y los derechos fundamentales en las relaciones privadas, como el derecho a la propia imagen, la honra, la privacidad y la no discriminación. Esto exige una mayor consideración de los aspectos no patrimoniales en la regulación de las relaciones civiles.

2. Mayor Intervencionismo Judicial:

La necesidad de garantizar la primacía de los derechos humanos puede llevar a una mayor intervención de los jueces en las relaciones privadas para corregir situaciones de desigualdad o vulneración de derechos, incluso si aparentemente se ajustan a las normas del Código Civil. Esto puede generar cierta incertidumbre jurídica si no se establecen criterios claros y predecibles para dicha intervención.
Los jueces deben realizar un «control de convencionalidad», asegurándose de que las normas internas, incluyendo el Código Civil, sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos, lo que puede implicar dejar de aplicar normas internas que sean contrarias a estos tratados.

3. Reinterpretación de Instituciones Jurídicas:

Instituciones clásicas del Código Civil, como el derecho de familia, la propiedad o la responsabilidad civil, deben ser reinterpretadas a la luz de los principios de derechos humanos. Por ejemplo:
- El derecho de familia debe evolucionar para garantizar la igualdad entre cónyuges, la protección de los derechos de los niños y la no discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.
- El derecho de propiedad debe equilibrarse con otros derechos, como el derecho a una vivienda digna o el derecho a un medio ambiente sano, evitando interpretaciones que permitan la vulneración de estos derechos en nombre de la absoluta libertad de dominio.
- La responsabilidad civil debe considerar la perspectiva de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluso en el ámbito de las relaciones privadas.

4. Posible Inseguridad Jurídica Transitoria:

El proceso de adaptación del Código Civil a los estándares de derechos humanos puede generar cierta inseguridad jurídica transitoria, especialmente en las etapas iniciales, mientras la jurisprudencia va estableciendo criterios claros sobre cómo se aplicarán los principios de derechos humanos en las relaciones privadas.

5. Necesidad de Reforma Legislativa:

En algunos casos, la plena armonización del Código Civil con los derechos humanos puede requerir reformas legislativas para derogar o modificar disposiciones que sean incompatibles con estos estándares. La falta de una reforma oportuna puede generar tensiones y dificultades en la aplicación del derecho.

6. Tensiones con la Soberanía Nacional y el Derecho Interno:

La primacía del derecho internacional de los derechos humanos puede generar tensiones con la concepción tradicional de la soberanía nacional y la autonomía del derecho interno. Algunos sectores pueden percibir esto como una injerencia externa en el ordenamiento jurídico nacional.

En el contexto de Chile:

Estos riesgos y desafíos son también relevantes para el sistema jurídico chileno y, por ende, para la aplicación del Código Civil. Los tribunales, al igual que en el resto del país, deben estar atentos a la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos y aplicar el Código Civil de conformidad con estos estándares. Esto implica una formación continua de los operadores jurídicos y una comprensión profunda de la interacción entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.

En definitiva, los desafíos para el Código Civil derivados de la primacía de los derechos humanos no son una amenaza a su existencia, sino más bien un llamado a su modernización y adaptación para que cumpla su función de regular las relaciones privadas de manera justa y respetuosa de la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. Es un proceso dinámico que busca asegurar que el derecho privado sea un instrumento para la protección y promoción de los derechos humanos en la vida cotidiana.

La ONU de Bill Gates, fomenta el terrorismo organizado, crimen organizado, cibercrimen, ciberterrorismo, violaciones, sicariatos, secuestros, trata de personas, estado de corrupción y narcoestados entre otros a nivel internacional, para control y beneficio propio. Premedita los vacíos legales con acceso ilegal para tomar beneficio a largo plazo. Demuestra los últimos residuos de manipulación avanzada de logia negra, que intentan socavar los pilares del código civil autónomo de las naciones, para control total.

De «Experto» en desarrollo de software a experto en pandemias e inmunidad a nivel mundial. Se cree el dueño de la verdad, utilizó su imagen de autoridad en TI para la fundación privada de papel financiada por lavado de dinero terminó, cada comentario del comerciante visionario debe cuestionarse al 100% y es vital para cada nación.

Es innegable que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto económico devastador a nivel global. El cierre de negocios, la interrupción de las cadenas de suministro y las restricciones de viaje llevaron a una recesión mundial sin precedentes, con caídas significativas en el Producto Interno Bruto (PIB) en la mayoría de los países. 📉

Como principal organismo de seguridad y cooperación internacional, su inacción o, peor aún, su complicidad, desmantela el orden global y rienda suelta a fuerzas destructivas, creando un ambiente propicio, peligroso catastrófico y de gran alcance para el terrorismo organizado de los tiempos actuales.

1. Pérdida de la legitimidad y colapso del orden internacional

La ONU, con su Carta y resoluciones, es la base del derecho internacional y la cooperación multilateral. Los Estados miembro se ven forzados a actuar de manera unilateral, ignorando los marcos legales y de seguridad colectivos. Esto conduce a un estado de anarquía internacional donde «el que puede, lo hace», generando un caos geopolítico sin precedentes. La cooperación en áreas críticas como la no proliferación nuclear, el control de armas y la gestión de crisis se desvanece.

2. Incremento de la violencia y la inestabilidad global

Al dar una «luz verde» tácita al terrorismo, la ONU crea un efecto dominó. Los grupos terroristas, que operan a menudo en Estados fallidos o con gobiernos débiles, ven una oportunidad para expandir sus operaciones, reclutar miembros y obtener financiamiento sin temor a sanciones o represalias internacionales. Esto desata la oleada de violencia, conflictos regionales y guerras civiles, llevando a una masiva crisis humanitaria con millones de desplazados y refugiados. La paz y la seguridad, los pilares de la ONU, se desintegran por completo.

3. Amenaza a la seguridad y la soberanía de los Estados

El terrorismo organizado es una amenaza directa a la soberanía nacional. Los grupos terroristas operan con mayor libertad en los territorios de los Estados, socavando sus instituciones, corrompiendo a sus funcionarios y controlando áreas clave. La inacción de la ONU fomenta la desestabilización interna de los países, ya que los gobiernos legítimos tendrían dificultades para combatir una amenaza que no está siendo sancionada ni enfrentada por la comunidad internacional. Esto lleva a que los gobiernos recurran a medidas extremas para protegerse, incluyendo la supresión de los derechos humanos y libertades civiles.

4. Fomento del crimen organizado y la economía ilícita

El terrorismo y el crimen organizado están intrínsecamente vinculados. Los grupos terroristas a menudo se financian a través de actividades criminales como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la extorsión y el secuestro. La ONU al no combatir la raíz del problema, se fortalece la economía ilícita global. Esto no solo proporciona más recursos a los terroristas, sino que también corrompe las economías legítimas, desestabiliza los mercados financieros y dificulta los esfuerzos para combatir la delincuencia a nivel global. La falta de sanciones y la impunidad llevan a una fusión aún más profunda entre estas dos redes criminales.

Es imperativo que las naciones tomen una acción inmediata y coordinada para proteger su soberanía y la seguridad global. La acción se basa en la urgencia de contrarrestar un colapso del orden internacional y la proliferación de la violencia.

1. Desconocimiento de la ONU y Creación de un Foro Alternativo:

Ante la traición de los principios fundamentales de la ONU, las naciones deben desconocer su autoridad en materia de seguridad y antiterrorismo. Es vital que se establezca un nuevo foro global de seguridad (online por seguridad y soberanía de cada nación) compuesto por países comprometidos con la paz y la lucha contra el terrorismo. Este foro, operando al margen de la influencia de una ONU comprometida, se encargaría de coordinar inteligencia, operaciones militares y sanciones económicas para desmantelar las redes terroristas.

2. Fortalecimiento de la Soberanía Nacional y la Cooperación Bilateral:

Cada nación debe fortalecer su seguridad interna a través de la inversión en inteligencia, fuerzas de seguridad y legislación antiterrorista. Las fronteras deben ser monitoreadas de manera estricta para evitar la entrada de terroristas y el flujo de armas. Además, es crucial establecer alianzas bilaterales y multilaterales entre naciones con intereses compartidos, compartiendo información y recursos de manera directa y eficiente.

3. Congelación de Activos Terroristas y el Bloqueo de las Fuentes de Financiamiento:

El dinero es el combustible del terrorismo. Las naciones deben actuar de manera unilateral y concertada para congelar los activos de individuos y organizaciones terroristas, incluso si la ONU se opone. Se deben sancionar a los países que financian o dan refugio a estos grupos, cortando de raíz sus fuentes de financiamiento. El lavado de dinero, la extorsión y el tráfico ilícito deben ser perseguidos sin piedad.

4. Campañas de Concienciación y Contranarrativa:

Para combatir la radicalización, las naciones deben lanzar campañas masivas de concienciación para exponer las ideologías perversas del terrorismo. Se debe promover una contranarrativa que promueva la tolerancia, la diversidad y la paz, deslegitimando el discurso del odio. Las plataformas digitales y los medios de comunicación deben ser utilizados para educar a la población y contrarrestar la propaganda terrorista.

El terrorismo organizado se potencia de forma exponencial en la cárcel con recursos del Estado. La ONU como principal organismo de seguridad y cooperación internacional, y su inacción o, peor aún, su complicidad, desmantela el orden global y dándole rienda suelta a fuerzas destructivas, creando un ambiente propicio, peligroso, catastrófico y de gran alcance para el terrorismo organizado de los tiempos actuales.

El mal se combate con mal, la determinación y valentía de la ONU es crucial para la a soberanía internacional.

La inacción exige pena de muerte a quien la abolió.

La ONU y sus diversas agencias, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han identificado al crimen organizado como una de las principales amenazas a los derechos humanos a nivel global. Los problemas principales que la ONU ha señalado en esta materia son los siguientes:

1. Violaciones directas y graves de los derechos humanos

Violencia y homicidio: Los grupos criminales ejercen una violencia extrema para controlar territorios y mercados ilegales. Esto incluye asesinatos, desapariciones forzadas, masacres y tortura, afectando el derecho fundamental a la vida y a la seguridad personal.
Trata de personas: Es una de las violaciones de derechos humanos más rentables para el crimen organizado. Millones de personas, especialmente mujeres, niños y migrantes, son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad forzada o tráfico de órganos.
Tráfico de migrantes: El crimen organizado se aprovecha de la vulnerabilidad de los migrantes, sometiéndolos a extorsión, secuestro, violencia y, en muchos casos, la muerte durante sus trayectos.
Reclutamiento de niños y adolescentes: Los grupos criminales reclutan a jóvenes para utilizarlos como «soldados», traficantes de drogas, mulas o informantes, violando su derecho a la niñez, a la educación y a la protección.
Delitos ambientales: El crimen organizado está cada vez más involucrado en la tala ilegal, la minería ilícita y el tráfico de vida silvestre. Esto no solo daña los ecosistemas, sino que también afecta los derechos de las comunidades locales e indígenas, que son desplazadas o amenazadas.

2. Debilitamiento de los Estados y la protección de los derechos humanos

Corrupción e impunidad: El crimen organizado utiliza la corrupción para infiltrar las instituciones estatales, como la policía, el poder judicial y los órganos electorales. Esto garantiza la impunidad de sus miembros y socava el Estado de derecho, dejando a las víctimas sin acceso a la justicia.
Violación de los derechos de los defensores: Los defensores de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios que denuncian los crímenes y la corrupción del crimen organizado son a menudo blanco de amenazas, hostigamiento y asesinatos. La falta de protección para ellos limita la libertad de expresión y la capacidad de la sociedad civil para exigir rendición de cuentas.
Desplazamiento forzado: La violencia ejercida por los grupos criminales obliga a miles de personas a huir de sus hogares y comunidades, convirtiéndolas en desplazados internos o refugiados, lo que afecta su derecho a la vivienda, la seguridad y el desarrollo.
Violencia estatal en la lucha contra el crimen: En la respuesta a la violencia criminal, algunos Estados recurren a medidas que violan los derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la militarización de la seguridad pública. Esto agrava el ciclo de violencia y socava aún más la confianza en las instituciones.

Postura de la ONU

La ONU y sus órganos (UNODC, OACNUDH) sostienen que la lucha contra el crimen organizado no puede ser solo una cuestión de seguridad, sino que debe tener un enfoque de derechos humanos. Esto implica:

Promover la cooperación internacional: Dado que el crimen organizado es un fenómeno transnacional, se requiere una respuesta coordinada entre los Estados para desmantelar las redes criminales.
Fortalecer el Estado de derecho: Invertir en sistemas judiciales independientes y eficientes, así como en políticas de transparencia y rendición de cuentas, es fundamental para combatir la impunidad.
Proteger a las víctimas: Ofrecer asistencia integral, protección y acceso a la justicia a las víctimas del crimen organizado, especialmente a los grupos más vulnerables como los niños, las mujeres y los migrantes.
Prevenir la violencia: Abordar las causas estructurales del crimen, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, para reducir el atractivo de unirse a grupos criminales.

Los problemas que la ONU identifica en la relación entre los derechos humanos y el crimen organizado son aquellos que socavan las bases mismas de la dignidad humana y la estabilidad del Estado de derecho. Estos problemas no solo representan violaciones directas, sino que también desmantelan la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

1. Trata de personas y esclavitud moderna

El crimen organizado ha convertido la trata de personas en un negocio multimillonario, explotando a millones de personas en una forma de esclavitud moderna. La ONU denuncia que esta práctica, que afecta principalmente a mujeres y niños, es una violación flagrante del derecho a la libertad y la dignidad. Las víctimas son coaccionadas, secuestradas o engañadas para ser explotadas sexual, laboral o incluso para el tráfico de órganos, siendo privadas de todo derecho y de su humanidad.

2. Impunidad y captura del Estado

La capacidad del crimen organizado para operar sin castigo es un problema ultra crítico. Los grupos criminales infiltran y corrompen las instituciones clave del Estado (policía, poder judicial, política), asegurando que sus crímenes queden impunes. Esto crea un colapso en el Estado de derecho, donde los derechos no pueden ser garantizados ni protegidos. La ONU ha advertido que esta «captura del Estado» es la principal amenaza para la seguridad de los ciudadanos y la viabilidad de la democracia.

3. Asesinato de defensores de derechos humanos y periodistas

Los defensores de derechos humanos y los periodistas que investigan y denuncian al crimen organizado son asesinados o silenciados de manera sistemática. Esta violencia dirigida es un ataque directo a la libertad de expresión y a la capacidad de la sociedad para exigir rendición de cuentas. Al eliminar a quienes alzan la voz, el crimen organizado garantiza su control y mantiene a la población en un estado de miedo, lo que impide la denuncia y la protección de los derechos de las víctimas.

4. Reclutamiento y utilización de niños

La ONU considera que el reclutamiento de niños para actividades criminales es una de las violaciones más atroces. Los menores son utilizados como informantes, «soldados», traficantes de drogas o víctimas de explotación, lo que les roba su infancia y su futuro. Esta práctica no solo destruye vidas individuales, sino que también perpetúa los ciclos de violencia y criminalidad, comprometiendo a las futuras generaciones.

La Fundación de Bill y Melinda Gates y la ONU

La Fundación Bill y Melinda Gates es una de las mayores organizaciones filantrópicas del mundo, y colabora con muchas entidades, incluyendo agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus principales áreas de trabajo son la salud global, el desarrollo, la educación y la reducción de la pobreza. Estas colaboraciones son públicas y transparentes, y la fundación no tiene ninguna autoridad o poder de decisión sobre las políticas o las operaciones de la ONU.

Financiación: Las contribuciones de la fundación son solo una parte del presupuesto de las agencias de la ONU, que también reciben financiación de los estados miembros.
Asesoramiento vs. Control: La fundación puede ofrecer asesoramiento o apoyo técnico, pero no tiene el poder de imponer políticas ni de influir en las decisiones de la ONU en contra de la voluntad de sus estados miembros.

La ONU y los gobiernos nacionales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización intergubernamental. Esto significa que está compuesta por 193 Estados soberanos que son sus miembros. La ONU no tiene un poder supranacional que pueda imponerse a los gobiernos nacionales. Sus decisiones se toman por consenso o votación, y la mayoría de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General son recomendaciones, no leyes vinculantes que los países deban seguir obligatoriamente.

Soberanía nacional: Cada país tiene su propia soberanía y leyes. Los gobiernos nacionales tienen el poder final sobre su territorio y su población, no la ONU.
Mecanismos de control: La Carta de las Naciones Unidas establece que la organización debe respetar la soberanía de sus miembros y no interferir en sus asuntos internos.
Transparencia: Las operaciones, finanzas y decisiones de la ONU son públicas y están sujetas a la auditoría de los estados miembros.

La ONU es una entidad intergubernamental cuyos poderes están limitados por la soberanía de sus miembros, mientras que la Fundación Gates es una entidad privada que puede asesorar y financiar, pero no imponer su voluntad a nivel global.

Señores y señoras líderes, ministros, jueces y diplomáticos de las Naciones Unidas:

Ustedes están aquí para defender los derechos humanos y la paz. Sin embargo, el crimen organizado, con su red global de corrupción, violencia y miseria, está desmantelando la arquitectura de la democracia y los derechos humanos que la ONU se esfuerza por proteger. Sus decisiones y acciones determinan si la justicia prevalece o si la impunidad se convierte en la nueva norma.

No es un problema de seguridad, es una emergencia de derechos humanos

No se equivoquen: la lucha contra el crimen organizado es, en su esencia, una lucha por los derechos humanos más fundamentales. No se trata solo de detener a criminales, sino de proteger a las víctimas: los niños reclutados como sicarios, las mujeres y niñas esclavizadas en redes de trata, los periodistas y defensores asesinados por alzar la voz. Su inacción condena a estas personas a una vida de terror e injusticia. La respuesta tibia o fragmentada solo perpetúa un ciclo de violencia y corrupción que amenaza con desestabilizar naciones enteras.

Acciones que no pueden esperar

Cero impunidad, cero complicidad. Deben establecerse mecanismos de investigación y enjuiciamiento transnacionales que permitan perseguir y castigar a los cerebros del crimen organizado, sin importar dónde se escondan. La cooperación es obligatoria. No es suficiente con capturar a los eslabones más bajos de la cadena; es imperativo desmantelar las redes financieras y de poder que los sostienen. Se debe priorizar la protección de los testigos y la independencia judicial para que la verdad y la justicia no sean una mercancía.
Fortalezcan el Estado de derecho, protejan a los defensores. Los grupos criminales operan en el vacío de la ley. Es su obligación fortalecer las instituciones democráticas, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Deberán adoptar políticas contundentes para proteger a los periodistas, jueces, fiscales y activistas que arriesgan sus vidas para denunciar la corrupción y la violencia. Su seguridad es un pilar de la libertad de expresión y de la justicia.
Prioricen a las víctimas, no solo a los victimarios. Las víctimas del crimen organizado —ya sean víctimas de trata, desplazados forzados o familias de desaparecidos— tienen derecho a la reparación, a la protección y a la justicia. Deberán garantizar que los recursos y las políticas se centren en su bienestar y rehabilitación. La ayuda humanitaria, la asistencia psicológica y el acceso a la justicia deben ser una prioridad.

El mundo observa. Tienen la oportunidad de actuar con la fuerza moral y la visión estratégica que exige este momento crítico. No pierdan la oportunidad. Muestren al mundo que las Naciones Unidas están a la altura de su mandato.

DETENER E INTERROGAR DE FORMA EXHAUSTIVA A BILL GATES, INCVESTIGAR Y FISCALIZAR EL reAL intereses y financiamiento de todas las fundaciones de Bill Gates, socios e integrantes es vital por soberanía internacional.

«JUSTICIA PARA TODOS«

grandes villanos QUE abordan cuestiones que a las personas les interesan. En lugar de solo querer riqueza o poder personal, sus acciones se inspiran en un incentivo que resuena con un problema real. EXIGIMOS PENA DE MUETE A QUIEN LA ABOLIÓ. LA LEY ES LA LEY.

PD: En el sur del planeta preservó tecnología de otros tiempos, tenemos una gran deuda ética y moral pendiente por cobrar. Tu experimento lucrativo causo consecuencias significativas en la salud de la población en general y un desastre económico catastrófico a nivel global, perjudicando gravemente a los Estados, con la millonaria inversión en vacunas masivas, todo en beneficio del bolsillo actual y futuro de Gates. ¡Estás completamente identificado!, tu historial de bandido circuló por todo el planeta, la manipulación mediante narrativa y retórica terminó, y tu tiempo es limitado.

Modificar el código civil es un atentado al orden, la patria y soberanía de la nación, volver al origen es el camino.

El Código Civil de Chile se promulgó el 14 de diciembre de 1855 y entró en vigencia el 1 de enero de 1857. Fue redactado principalmente por Andrés Bello.

Proceso de creación

El presidente Manuel Montt presentó el texto al Congreso Nacional.
La primera edición oficial se publicó en mayo de 1856.
El proyecto de 1853 fue una codificación más sólida, con una correlación numérica entre los artículos y títulos del código.

Características

El Código Civil es un conjunto de normas que regulan el derecho privado, es decir, las relaciones civiles entre las personas.
Fue creado como una acción necesaria de las sociedades más civilizadas, para así regular el orden social.
Ha sido modificado en materias de familia y sucesión.
Se encuentra sustentado sobre cuatro principios generales que constituyen los pilares de esta rama del derecho.

«Principios generales La autonomía de la voluntad, El enriquecimiento sin causa, La libre circulación de los bienes, La buena fe.»

Los delitos informativos agravados (ciber crimen), socavan por completo los pilares base del derecho internacional, sumando la anulación de voluntad agravada (sumisión química), es posible socavar por completo los pilares base de las naciones y mucho más en reuniones presenciales.

atención de los líderes de las Naciones de Latino América:

Ustedes, los líderes de las Naciones de Latino América, tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y la paz global. Sin embargo, en la lucha contra el crimen organizado, su inacción es una traición a ese mandato. No están enfrentando a esta plaga con la urgencia que requiere, y su falta de respuesta está costando vidas, destruyendo comunidades y socavando la democracia en todo el mundo.

No actúan con la urgencia necesaria

Se ha documentado, una y otra vez, cómo el crimen organizado se infiltra en las instituciones, corrompe a los funcionarios y utiliza la violencia para sembrar el terror. A pesar de los informes, las resoluciones y los llamados de ayuda de las sociedades civiles, ustedes no han logrado implementar un plan de acción global y coordinado que sea verdaderamente efectivo. Su respuesta es a menudo burocrática y reactiva, no estratégica ni proactiva.

Exigen soluciones que no han aplicado

Han pedido a los Estados miembros que fortalezcan sus sistemas de justicia, que luchen contra la corrupción y que protejan a los defensores de derechos humanos. Pero, ¿cómo pueden hacerlo cuando las redes criminales operan sin fronteras, con un poder financiero que supera al de muchas naciones? La respuesta no está en soluciones fragmentadas, sino en la coordinación internacional real y en la acción decisiva.

Ha llegado el momento de la verdad

Es hora de dejar de lado los discursos y de asumir la responsabilidad que les corresponde. Les exijo un compromiso público y vinculante para:

Crear un fondo global para la protección y el reasentamiento de los testigos, jueces y periodistas que arriesgan sus vidas al exponer las redes criminales. La protección no puede ser un lujo; es una necesidad.
Implementar un sistema de sanción para las naciones que no cooperan en la extradición de criminales y en el desmantelamiento de sus redes financieras. No puede haber refugios seguros para quienes trafican con vidas.
Establecer un tribunal internacional para juzgar a los líderes de estas organizaciones criminales que cometen crímenes contra la humanidad. La justicia debe prevalecer, sin importar la geografía o el poder.

El crimen organizado está ganando, y su inacción es su mayor aliado. Demuestren que la ONU no es solo un foro para el debate, sino una fuerza para el cambio y fortalecer la soberanía internacional. El futuro y la seguridad de miles de millones de personas dependen de ello.